La (FGR) atribuye a la organización delincuencial liderada por los hermanos Farías Laguna —sobrinos políticos del extitular de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda Durán— la muerte de tres marinos y una exempleada de la Fiscalía General del Estado de Colima.

En la solicitud de la orden de aprehensión contra 14 personas acusadas por delincuencia organizada y contrabando, cuya reformulación fue solicitada por la jueza de control , la FGR expone que la célula delictiva recurre a métodos de extrema violencia para proteger sus intereses. Las personas que se niegan a colaborar o que intentan denunciar el modus operandi de la empresa criminal son privadas de la vida como mecanismo de intimidación, control y silenciamiento, a efecto de evitar su detección y desarticulación.

El control aduanal y la red de 'huachicol fiscal'

Las investigaciones refieren que la organización criminal del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna (quien permanece en el penal de El Altiplano) y el contralmirante Fernando Farías Laguna (detenido en Argentina para su extradición a México), relacionada con una red de 'huachicol fiscal', podía identificar de manera inmediata a las personas que los denunciaban. De igual forma, lograban anticiparse a las acciones de la autoridad, particularmente en las aduanas donde ejercían control absoluto.

En el informe judicial se identifica formalmente a las siguientes víctimas de ejecución:

  • El contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar.
  • Magali Janet Nava Ramos, auxiliar B, adscrita a la delegación de la FGR en Colima.
  • El capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez.
  • El capitán de navío Adrián Omar del Ángel Zúñiga.

De acuerdo con la indagatoria de la Fiscalía, todos ellos habrían sido privados de la vida tras denunciar el funcionamiento irregular de esta empresa delictiva, dedicada a ingresar ilícitamente hidrocarburos al territorio nacional mediante redes de corrupción en las aduanas del país.

Una denuncia interna que costó la vida

Según los registros de la investigación, el contralmirante Guerrero Alcántar redactó una carta dirigida al entonces secretario de Marina, en la cual señaló que "Los Farías" manejaban las designaciones de elementos navales. El propósito era colocar a personas de su confianza en puestos clave dentro de las aduanas para operar su red de contrabando sin contratiempos.

A Fernando Farías se le liga directamente con la orden de este asesinato, el cual ocurrió poco después de presentarse la denuncia formal y mientras el mando naval se encontraba de vacaciones; un dato sobre su paradero y destino que, según las indagatorias, únicamente se conocía de manera interna en la Semar.

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