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Miami. De Angola a Namibia o China, pero también Portugal e Italia, la presencia de los médicos cubanos desata cuestionamientos relacionados por su posible explotación laboral.
En julio pasado, Angola destinó 71 millones 300 mil euros a la contratación de hasta mil 102 médicos especialistas cubanos; sin embargo, los recursos no van quienes atenderán a los pacientes, sino a la Corporación Antillana Exportadora, Sociedad Anónima, empresa controlada por el gobierno cubano.
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Los gobiernos extranjeros pagan el equivalente a millones de dólares al aparato estatal de Cuba, que selecciona a los profesionales, negocia su trabajo, administra el dinero, fija cuánto reciben, retiene la mayor parte de los ingresos.
De acuerdo con denuncias de médicos que participaron en esas misiones, vigilan sus movimientos, documentos, sus relaciones personales, sus opiniones políticas y hasta el derecho a regresar a su propio país.
El informe continental de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce el valor de la cooperación de los médicos cubanos, pero también las denuncias laborales como la presentada contra funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud por su rol en el programa ‘Más Médicos’ para enviar médicos cubanos a Brasil, lo que una Corte de Miami consideró “trabajo forzoso”.
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De acuerdo con la organización de derechos humanos Archivo Cuba, con sede en Miami, el gobierno cubano gana más de 4 mil millones de dólares al año con la exportación de personal de la salud, trabajadores de construcción, educadores y otros trabajadores cualificados.
Caso Angola
En Angola, un contrato de Antex divulgado en 2025, establecía una remuneración básica de 950 dólares mensuales, de los cuales 200 se entregaban localmente en la moneda local de kwanzas. El resto permanecía acumulado en Cuba y podía ser utilizado para cubrir indemnizaciones o sanciones. Durante las vacaciones, el trabajador tenía acceso a la mitad de lo retenido.
“Si querías que te entregaran completo lo poco que te asignaban, tenías que terminar la misión sin medidas disciplinarias”, dijo en entrevista el médico cubano Saúl González, quien huyó en una de esas misiones.
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Explicó que debían entregar su pasaporte antes del vencimiento del visado; si querían viajar dentro del país, debían obtener permiso escrito, lo mismo para entrevistas o actos públicos; “nos prohibían casarnos o reconocer hijos en la misión”.
