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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos ya pidió los presupuestos para ampliar su capacidad de detención migratoria en al menos ocho estados: Michigan, California, Kansas, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Texas y Washington.
Según documentos obtenidos por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) confirman que al menos cuatro empresas privadas del sector penitenciario, junto con otras corporaciones dedicadas a la construcción de instalaciones temporales, supervisión de cumplimiento y dotación de personal, han presentado propuestas para expandir los centros de detención migratoria en respuesta a las solicitudes de contratación de ICE.
Eunice Cho, principal abogada del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU, esta expansión podría facilitar los planes de deportación masiva del presidente electo Donald Trump. "Estos registros confirman el trabajo de ICE para expandir la detención de inmigrantes en todo el país, incluso en instalaciones con claros antecedentes de abuso y en áreas donde la detención migratoria no existía previamente", señaló en un comunicado de la unión.
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Las empresas involucradas en las propuestas de expansión incluyen importantes corporaciones del sector penitenciario privado como GEO Group, Inc., CoreCivic y Management and Training Corporation (MTC). También participa Target Hospitality, empresa especializada en instalaciones temporales tipo campamento, utilizadas en procesos de detenciones temporales.
La ACLU ha documentado que el sistema federal de detención migratoria depende mayoritariamente de corporaciones penitenciarias privadas. Estas empresas, incluyendo GEO Group, CoreCivic, LaSalle Corrections y Management & Training Corporation, han obtenido ganancias multimillonarias a través de contratos con ICE durante las últimas dos décadas.
Esta revelación genera preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y comunidades migrantes, especialmente considerando que muchos de los centros de detención propuestos se ubicarían en estados fronterizos como Texas y California, que tradicionalmente reciben gran cantidad de migrantes mexicanos y centroamericanos.
La expansión de estos centros de detención podría tener importantes implicaciones para la comunidad latina en Estados Unidos, particularmente para los aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados que residen en el país, la mayoría de ellos de origen mexicano.
A decir del mensaje de la ACLU, organizaciones de derechos civiles continuarán vigilando de cerca estas expansiones y tomarán acciones legales cuando sea necesario para proteger los derechos de los migrantes detenidos.