Jessica compró a crédito un auto; madre soltera, lo hizo para olvidarse del infierno del transporte público. Una parte la liquidó y el resto con el crédito bancario. Todo iba bien hasta que una enfermedad la llevó a perder el empleo.
Cayó en cartera vencida y el banco comisionó la cobranza a un despacho, cuyos representantes la acosaban por teléfono en tonos cada vez más apremiantes.
No se negaba a pagar, pero pedía tiempo para emplearse de nuevo; como respuesta, recibía el saldo de la deuda con intereses moratorios.
Se empleó y acudió al Centro de Justicia Alternativa (CJA) del Poder Judicial de la Ciudad de México (Niños Héroes 133, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc), por recomendación de un familiar, quien le dijo que lo mejor era buscar firmar un convenio de mediación con el despacho y cesara el acoso.
Una vez que el representante legal del despacho dio ‘luz verde’, se generó una primera sesión.
Jessica ofreció que el mes siguiente reiniciaría pagos; el representante del despacho, a su vez, aclaró que la deuda aumentó por los intereses; ella pidió hacer una quita, porque no pagó por causa de fuerza mayor. Aquel no prometió nada, pero ofreció estudiarlo.
Para una segunda sesión, el abogado planteó una quita de 10% de intereses, a cambio de que Jessica saldara el crédito en dos años y no en tres como inicialmente se estipuló. Jessica, quien vio con buenos ojos la rebaja, aceptó saldar el crédito en 24 mensualidades.
En esos términos, firmaron el convenio de mediación, que puso fin a la incómoda situación de cobranza que vivió en las últimas semanas, y que la libró de un juicio civil en su contra con el que la amenazaba el despacho de cobranza.
