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La mañana de este 25 de febrero de 2026 se registró una amenaza de bomba en el edificio del Poder Judicial de la Federación, ubicado en Insurgentes Sur 2065, colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón, lo que provocó un fuerte despliegue de seguridad y la evacuación preventiva de más de mil personas.
De acuerdo con los primeros reportes, una llamada telefónica atribuida presuntamente a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) alertó sobre la colocación de un artefacto explosivo dentro del inmueble, que cuenta con 14 niveles y cinco sótanos. Ante el riesgo potencial, las autoridades activaron de inmediato los protocolos de emergencia y desalojaron al personal judicial y a visitantes que se encontraban en el lugar.
Al sitio arribaron patrullas de sector, elementos de Protección Civil, personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), Policía Auxiliar y equipos vulcano especializados en la detección de explosivos. El operativo incluyó la revisión exhaustiva de oficinas, áreas comunes, estacionamientos subterráneos y accesos principales del complejo judicial.
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Durante varias horas, los equipos de seguridad realizaron una inspección minuciosa para descartar cualquier riesgo. Finalmente, tras concluir el protocolo de búsqueda, las autoridades informaron que no se localizó ningún artefacto explosivo, por lo que el edificio quedó sin novedad y no se reportaron personas lesionadas.
Luego de la revisión, trabajadores y usuarios del Poder Judicial pudieron regresar paulatinamente a sus actividades, aunque se mantuvo un dispositivo de vigilancia en la zona para garantizar la seguridad del inmueble y de quienes acuden diariamente a realizar trámites o audiencias.
La amenaza generó preocupación entre empleados y ciudadanos que se encontraban en las inmediaciones de Insurgentes Sur, una de las principales vialidades del sur de la Ciudad de México, lo que también ocasionó afectaciones momentáneas en la circulación vehicular.
Autoridades capitalinas reiteraron que este tipo de alertas se atienden con protocolos estrictos para salvaguardar la integridad de la población. Asimismo, recordaron que realizar llamadas falsas o amenazas constituye un delito grave, por lo que se investigará el origen del aviso para deslindar responsabilidades.
