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A poco más de un mes de que se cumplan 12 años del caso Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, por supuestamente ordenar el ocultamiento y destrucción de videos que registraron el momento de la detención de un grupo de normalistas frente al Palacio de Justicia del estado en el municipio de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.
Se trata del segundo exfuncionario de alto rango detenido por este caso ocurrido en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, después del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien está en prisión domiciliaria.
Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, informó que al exmandatario en el periodo 2011-2014 se le cumplimentó orden de aprehensión en el Estado de México por los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia, luego de realizar un reanálisis “profundo, exhaustivo y detallado” de la investigación. Fue ingresado al penal de máxima seguridad de El Altiplano.
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Según la fiscal, dos testigos colaboradores de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) acusan a Aguirre Rivero de ordenar a “mandos de primer nivel de su gobierno” la desaparición de cualquier evidencia relacionada con los hechos en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala.
En un mensaje en redes sociales, Godoy Ramos afirmó que las primeras versiones oficiales señalaron que dicho material captado por las cámaras de seguridad 12 y 15 en el exterior del inmueble no existía por presuntas fallas técnicas del sistema.
Sin embargo, aseguró, diligencias posteriores acreditaron que esa versión era falsa.
La fiscal explicó que una testigo colaboradora, que podría ser Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, detenida y procesada por los mismos hechos y que hace unos días recibió el beneficio de la prisión domiciliaria, aportó testimonio que confirmó la existencia de las videograbaciones y señaló a quien las sustrajo para entregarlas directamente al exgobernador Ángel Aguirre.
Reveló que un segundo testigo protegido, que podría ser Leonardo Vázquez, exsecretario de Seguridad Pública de Guerrero, liberado recientemente, robusteció dicho testimonio, al señalar que Aguirre Rivero “ordenó en una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala”.
