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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) auditará el contrato que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) otorgó por adjudicación directa a Territorium Life, empresa responsable del software de inteligencia artificial utilizado durante el examen de ingreso en línea al ciclo 2026-2027, que presentó diversas fallas. La fiscalización revisará los recursos públicos destinados a la tecnología, así como el cumplimiento de las especificaciones técnicas y si existen elementos para aplicar sanciones por incumplimiento.
Las fallas reportadas incluyeron la cancelación de pruebas debido a que el sistema presuntamente confundió reflejos en lentes o pantallas con dispositivos prohibidos, resultados atípicos y posibles filtraciones de reactivos. Esto llevó a la UNAM a suspender las inscripciones y crear una comisión técnica para revisar el proceso. La auditoría se incorporará a la revisión de la Cuenta Pública 2026 y sus resultados se conocerán en 2027.
Actualmente se recopila información sobre los contratos de la UNAM, que será analizada para identificar aquellos con mayor riesgo de generar daños al erario. La adjudicación a Territorium Life, será revisada, así como antecedentes de contratos con la empresa desde 2025.
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El contrato, por un monto máximo de 101 millones de pesos, establecía que la plataforma debía garantizar vigilancia efectiva con algoritmos de IA capaces de detectar conductas no permitidas y generar alertas y evidencias. Sin embargo, la empresa asignó un supervisor por cada 150 aspirantes. Territorium Life será responsable por daños y perjuicios ocasionados a la UNAM.
Costo por prueba
La UNAM estimó en 51.4 millones de pesos el costo del examen de ingreso a licenciatura para 2026, frente a los 49.2 millones de pesos que destinó en 2025, un aumento de 2.17 millones. La institución aclaró que el contrato con Territorium Life es abierto y establece un monto mínimo de 40.7 millones y uno máximo de 101.7 millones de pesos, ambos con IVA incluido, pero este último representa únicamente el límite presupuestal autorizado y no una obligación de pago, pues el costo final dependerá del número de exámenes aplicados y los servicios efectivamente prestados.
