La última semana ha sido difícil para el Centro Histórico de la Ciudad de México (CH). El plantón de la CNTE, los cierres viales, los cercos de seguridad y la instalación de vallas han provocado afectaciones severas para miles de comerciantes, trabajadores, vecinos y visitantes. Las ventas han caído de manera importante y cientos de negocios han visto comprometida su operación.
Nadie cuestiona el derecho a la libre manifestación. Se trata de una garantía constitucional que debe respetarse. Sin embargo, también deben protegerse los derechos de quienes trabajamos, invertimos y generamos empleos en el CH. Cuando una protesta impide la movilidad, dificulta el acceso a comercios y afecta la actividad económica de toda una zona, las autoridades tienen la responsabilidad de encontrar mecanismos que permitan equilibrar ambos derechos.
Desde el sector empresarial y comercial del CH hemos sostenido una reunión con la jefa de Gobierno, el secretario de Gobierno y el secretario de Seguridad Ciudadana. En el encuentro se reconocieron las afectaciones sufridas por los negocios establecidos y se asumió el compromiso de revisar y mejorar los protocolos de actuación.
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Uno de los acuerdos más importantes fue replantear la colocación de vallas y dispositivos de seguridad. La experiencia reciente demostró que, en muchos casos, los cercos dificultaron aún más el acceso de clientes y trabajadores agravando los problemas que generaban los bloqueos.
Celebramos la disposición al diálogo mostrada por autoridades, pero ahora es momento de pasar de las palabras a los hechos. El CH no puede seguir siendo rehén de conflictos que terminan castigando a quienes sostienen miles de empleos y contribuyen diariamente a la vida económica. Esperamos que los compromisos asumidos se cumplan.
