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Vanesa lleva más de trece años privada de la libertad por el delito de secuestro. Su ingreso al sistema penal no está vinculado a una planeación criminal propia, sino a una serie de hechos derivados del uso de un terreno familiar que su madre rentaba para eventos y pensión de vehículos.
Según relata, el espacio fue utilizado por terceros para mantener a una persona secuestrada sin que su madre —ni ella— tuvieran conocimiento de ello. Existía un velador en el lugar, quien nunca dio aviso de lo que ocurría.
Con el paso de los días, las personas que mantenían al secuestrado denunciaron el hecho ante las autoridades, presuntamente por no poder sostener la presión de la situación. Hubo un operativo, se solicitó rescate y el caso fue atraído por autoridades federales.
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Vanesa no se encontraba viviendo en ese terreno; tras el fallecimiento del padre de una de sus hijas, regresó temporalmente a casa de su madre, ubicada a pocas casas del predio involucrado.
Al conocerse la noticia del secuestro a través de los medios, su madre sufrió una embolia y fue hospitalizada. En ese contexto, agentes judiciales acudieron con Vanesa, le mostraron fotografías relacionadas con el caso y la interrogaron.
Ante el temor de que su madre fuera detenida en estado crítico de salud, Vanesa asumió la responsabilidad administrativa del inmueble, aun cuando el contrato de arrendamiento estaba a nombre de su madre. Veinte días después, fue detenida sin orden de aprehensión formal, en lo que describe como un proceso plagado de irregularidades.
Durante el arraigo y las primeras etapas del proceso, Vanesa fue informada —incluso por un agente judicial— de que el caso “se le estaba cuadrando”, en un contexto donde, según su versión, existían incentivos para integrar responsables al delito.
La acusación se sostuvo bajo la figura de abuso de confianza, argumentando que ella habría permitido el uso del terreno sin el consentimiento de su madre. El contrato original fue presentado meses después, cuando Vanesa ya se encontraba detenida.
Inicialmente recibió una sentencia de 45 años, que con el tiempo fue reducida a 30 años y seis meses. A lo largo de su reclusión ha sido trasladada entre centros penitenciarios y ha enfrentado procesos complejos tanto jurídicos como personales.
CUIDADOSA
Vanesa es madre de dos hijas. La mayor quedó al cuidado de familiares fuera del penal; la menor nació durante su reclusión. La maternidad en prisión se convirtió en un eje central de su vida cotidiana.
Vive con su hija pequeña en el área destinada a madres, donde existen protocolos específicos para el cuidado infantil, acceso a un centro de desarrollo infantil certificado y rutinas que combinan crianza, estudio y trabajo.
Relata que ejercer la maternidad en prisión implica una vigilancia constante, trámites permanentes y la necesidad de cumplir con requisitos institucionales para conservar derechos básicos. También describe el impacto emocional de saber que su hija, eventualmente, deberá salir del penal mientras ella permanece privada de la libertad.
Para Vanesa, ser madre en prisión ha significado una transformación personal: mayor responsabilidad, claridad y una forma distinta de concebir su futuro. Reconoce los límites, los miedos y la incertidumbre que implica su situación jurídica, pero también afirma que la maternidad le dio una razón concreta para resistir, organizar su vida dentro del penal y proyectarse más allá del encierro.
Su historia expone no sólo un proceso penal cuestionado, sino una realidad poco visible: la de mujeres que cumplen largas sentencias mientras crían a sus hijos en un entorno diseñado para castigar, no para maternar.
