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Para el gobierno de Donald Trump, la deportación podría no ser el último capítulo. Ahora quiere que los migrantes que ya fueron expulsados de Estados Unidos también paguen las multas que dejaron pendientes, aunque ya estén de regreso en sus países.
Con ese propósito, el gobierno estadounidense contrató a cuatro empresas privadas que operarán en México, Guatemala y Honduras, con un presupuesto máximo de 36 millones de dólares.
La tarea será localizar a los deportados, verificar su identidad y hacerles llegar las reclamaciones económicas que quedaron pendientes.
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Pero hay un pequeño detalle: ¿cómo pretende Estados Unidos cobrar una multa fuera de su territorio?
Los contratos establecen que las empresas deberán respetar las leyes del país donde viva el deudor y tienen prohibido representar judicialmente a Estados Unidos.
En otras palabras, pueden encontrar al deportado y entregarle la cuenta, pero no pueden quitarle su vivienda, descontarle dinero del salario o retirar fondos de una cuenta bancaria local.
Para cobrar por la fuerza sobre esos bienes, el gobierno estadounidense necesitaría una vía legal admitida por el país correspondiente. Sin embargo, los documentos disponibles no explican cómo conseguiría hacerlo.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, hay 66 mil 387 personas expulsadas con multas o sanciones pendientes, por un monto estimado de 423 millones de dólares.
Así que para algunos migrantes, la deportación podría traer una inesperada posdata: “Ya me fui… ¿y todavía debo?”
