En unos días se cumplirá un año del histórico triunfo del movimiento de transformación del país. El balance se convierte por ello en un ejercicio obligado.

El cambio político alcanzó no sólo al Poder Ejecutivo, sino también al Poder Legislativo. Por ello, el análisis debe realizarse tomando en cuenta ambas esferas.

En el caso del Legislativo podemos decir que hay un cambio radical. No es que la transformación de este Poder haya concluido, los pendientes son muchos. Sin embargo, la conducta y decisiones del Poder Legislativo en este primer tramo ya evidencian un giro de 180 grados.

La Cámara de Diputados le dio fin a la partida presupuestal que daba lugar a los “moches”. El Senado por vez primera en la historia reciente disminuyó su presupuesto.

En ambas Cámaras se cancelaron enormes privilegios de funcionarios, senadores y diputados.

Y se ha adoptado una mística de trabajo inédita. Prácticamente no ha parado el Congreso desde que empezó la actual Legislatura. Nada más el Senado, ha trabajado en sesiones plenarias el doble de horas que la Legislatura pasada en el mismo lapso. Y ya se habla hasta de instituir un tercer periodo ordinario de sesiones.

En sus formas de trabajo, el Senado ha incorporado la reunión de su Mesa Directiva con presidencias de comisiones; la reunión inédita de su Mesa Directiva con las presidencias de los Congresos Locales y variados parlamentos abiertos.

Lo más significativo está en el contenido de las decisiones. Se acabaron las reformas neoliberales. Por primera vez, desde hace 39 años, tenemos un Congreso que no aprueba reformas para privatizar riquezas nacionales, para bajar el sueldo a trabajadores, para quitar derechos sociales a la gente, para aumentar impuestos al pueblo y reducirlos al gran capital, para ceder poder soberano a los grandes centros financieros mundiales. Nada de eso. 

En este lapso se han aprobado reformas profundas en tres grandes rubros: 1) austeridad y abolición de privilegios; 2) seguridad ciudadana y 3) igualdad y bienestar social.

Se reformó la Constitución para crear la Guardia Nacional, para convertir en delitos graves corrupción, robo de combustible, fraude electoral, feminicidio y desaparición forzada y para utilizar la figura de extinción de dominio en el caso de bienes adquiridos a través de la corrupción.

Se aprobó la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos para reglamentar el principio de que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente. Está en proceso de aprobación la minuta para que el Presidente pueda ser juzgado también por hechos de corrupción y delitos electorales. Se reformó la Ley para desaparecer el Estado Mayor Presidencial.

El Congreso cumplió el compromiso de derogar la reforma educativa punitiva del sexenio pasado. En cambio, aprobó una para establecer un sistema de mejora continua del magisterio y el principio de gratuidad y universalidad de la educación superior. También se aprobó la primera reforma laboral progresiva en décadas, que en lugar de quitar derechos a la clase trabajadora los incrementa, especialmente en las materias de justicia, contratación colectiva y democracia sindical.

No olvidemos la histórica reforma de paridad de género en todos los órganos del Estado.

A un año del 1 de julio, se vale discrepar, pero no se puede negar que la transformación avanza.