La propuesta de la Academia Mexicana de Artes Cinematográficas para la redacción del artículo 8 de la Ley de Cine, relativa al doblaje, aceptada por la ANDA, representa el primer aterrizaje para lograr consensos en torno a la iniciativa conocida como Ley de Doblaje.

En el debate cultural, se han expresado algunas de las opiniones más tajantes. Se ha rechazado el doblaje con el argumento de que así se defiende la obra original. 

Pero en esa formulación hay una falacia. En México no se exhiben películas extranjeras en su formato original. Todas son traducidas al español, ya sea oralmente o por escrito. Es decir, dobladas o subtituladas.

La traducción oral o escrita permite el acceso masivo al disfrute de la obra cinematográfica extranjera que, de otra manera, sería ininteligible para la gran mayoría de los espectadores.

Por eso, en el fondo, las objeciones al doblaje son más económicas que culturales: quién lo va a pagar, en qué instalaciones se va a proyectar, qué va a pasar con el espacio para el cine mexicano, etc.

Ahora bien, no dejemos de observar los aspectos propiamente laborales de esta batalla que libra la comunidad de actores y actrices de doblaje. Se les obliga a transferir sus regalías a empresas productoras al momento de firmar contratos laborales. Carecen de prestaciones y tienen pagos ínfimos.

Por eso, la propuesta legislativa que hay en materia de doblaje, expresa un compromiso con la cultura nacional, con las causas de la inclusión social y con la solidaridad de la clase trabajadora.