El agua es un derecho humano, sin embargo, en la Ciudad de México está latente la amenaza de distintos sectores para conseguir que el vital líquido se convierta en un negocio más.

Luego de las privatizaciones de la electricidad y el petróleo hay fuertes presiones para que con el agua suceda lo mismo, lo que significaría colocar en una profunda situación de vulnerabilidad a los habitantes de la capital.

Por eso es importante que las fuerzas políticas que tendrán una representación en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México se definan respecto a este tema.

El órgano encargado de redactar la Carta Magna de la capital del país no puede repetir la conducta entreguista y neoliberal con la que en el Congreso de la Unión, durante la legislatura pasada, los partidos del Pacto contra México cedieron el petróleo a manos privadas nacionales y extranjeras.

Al contrario, la Asamblea Constituyente deber ser el espacio en donde los intereses de la ciudadanía se pongan por encima de los compromisos particulares, debe ser el espacio donde se respeten, se respalden y se garanticen los derechos de quienes habitan la metrópoli.

En la Constitución de la Ciudad de México se debe plasmar como ley el derecho humano al agua y garantizar la atribución pública para su captación, manejo, abasto, suministro, saneamiento, distribución, servicio, etcétera, de manera que se entienda este derecho al agua como inalienable y se prohíba la privatización en todas sus modalidades y etapas.

La ley suprema de la ciudad debe estipular los subsidios al consumo familiar doméstico y comunitario, la protección integral de la cuenca y del acuífero, así como el acceso universal al líquido de forma suficiente, limpia y de calidad.

Reconocer constitucionalmente el derecho al agua es de suma importancia para la ciudadanía de la capital. El agua es un bien común y se debe preservar en beneficio de los habitantes de la Ciudad de México. Privatizar el agua equivaldría a poner en manos de particulares la vida de las personas.

Todo proyecto que pueda impactar en el derecho al vital líquido para la gente deberá ser rechazado explícitamente por la ley. Nadie puede llevar a cabo proyectos que afecten el derecho al acceso al agua por parte de los vecinos. Todo intento de privatización debe prohibirse y ponerse límite a cualquier proyecto cuando se afecten el derecho al agua y los equilibrios ecológicos.

No se puede lucrar con un bien común y no se puede vulnerar un derecho fundamental de la gente. Ante esto, ni los partidos ni los futuros diputados constituyentes pueden ser omisos ni guardar silencio.

El agua en la Ciudad de México debe ser para todos. Por eso los futuros diputados constituyentes deben tener posturas claras al respecto y decir abiertamente si están o no a favor de que el acceso al agua sea consagrado en la Constitución como un derecho humano.