Aunque Miguel Ángel Mancera declaró a principios de este año que su constitución será progresista, liberal, de avanzada y de izquierda, sus hechos no parecen confirmar sus dichos. En la ciudad se vive un grave retroceso en diversos órdenes, siendo uno de los más evidentes el relativo a los derechos políticos de reunión, manifestación y protesta.

En efecto, no había terminado de asumir el cargo de jefe de gobierno, cuando ya estaba recurriendo a los granaderos como el instrumento favorito de relación con la sociedad. En los días de diciembre del 2012, los jóvenes del movimiento #YoSoy132 se manifestaban en las calles contra el gobierno de Peña Nieto y recibían los macanazos de la policía de Mancera. Con ese inicio, el nuevo gobernante de la ciudad selló uno de sus principales rasgos y, por cierto, una de las principales razones del descontento en su contra y de la posterior caída de su popularidad.

A lo largo de su mandato ha tomado decisiones legislativas y administrativas para reforzar esa visión represiva y profundizar esa veta de retroceso. Por ejemplo, desalojó con violencia a los maestros que se encontraban, en diciembre de 2013, en el Monumento a la Revolución; su gobierno ha detenido en manifestaciones y protestas a más de 500 personas, especialmente jóvenes; envió a la Asamblea Legislativa una ley de movilidad que limita y descalifica a las movilizaciones sociales y recientemente se arrogó el "derecho" de negarle a Morena la utilización del Zócalo para su movilización de solidaridad con los maestros.

La ley de movilidad, impugnada por organizaciones de derechos humanos pero avalada recientemente por la Suprema Corte, obliga a quienes quieran manifestarse a avisar 48 horas antes y permite al gobierno calificar la licitud de las mismas para que estas puedan realizarse.

Lo primero es absurdo pues hay propuestas espontáneas que surgen y se expresan en un mismo día. ¿Qué hará la autoridad con un grupo de personas que indignadas por un crimen en alguna zona de la ciudad decidan manifestarse inmediatamente sin esperar 48 horas?, ¿los reprimirán por no dar avisos previos?

La política que se lleva a cabo centralmente se aplica también en distintas delegaciones de la ciudad, en las que todos los permisos para realizar reuniones públicas en plazas y jardines son negados sistemáticamente o se impide su realización con la colocación de ferias de servicios en los lugares solicitados por ciudadanos para realizar actos y eventos de diverso tipo.

Lo mejor es estimular la capacidad del gobierno para atender y gestionar las demandas de la ciudadanía. Es decir, se debe priorizar la política para solventar los conflictos. Esa es la única forma en la que se pueden evitar las marchas. No es algo imposible ni inédito. Andrés Manuel López Obrador lo puso en práctica durante su gestión al frente del entonces Distrito Federal. En ese tiempo, no eran los granaderos sino los miembros de Atención Ciudadana quienes arribaban a las manifestaciones para orientar, abrir espacios de diálogo y solucionar conflictos sociales. De esta forma, no se lesionaba el derecho de la gente a reunirse y manifestarse, pero al dar respuesta inmediata se solventaban los problemas de movilidad.

El sagrado derecho de reunión promovido y conquistado por las mejores causas liberales del mundo, defendido también con valentía de los jóvenes estudiantes de 1968 y 1971 ha sido puesto en riesgo durante la actual administración.

¡Ah!, pero eso sí, si el mandatario es invitado a una marcha ‘de amigos’, ahí no hay problema, el Zócalo se abre y los granaderos desaparecen.