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El Comité sostiene que el continuo hallazgo de fosas clandestinas en el país pone de relieve la magnitud de la crisis: se han encontrado más de 4 mil 500 fosas, que contienen más de 6 mil 200 cadáveres y 4 mil 600 restos humanos, así como unos 72 mil restos humanos no identificados. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reporta, hasta el 25 de agosto, 133 mil 697 personas cuyo paradero no se sabe.
La ONU continúa sus deliberaciones sobre el procedimiento iniciado a México el pasado 2 de abril y el que “México aparezca en primer lugar no debería ser motivo de orgullo por la capacidad de registrar casos. Debería ser una señal de alarma sobre la dimensión de una crisis humanitaria que no hemos podido detener”, señala Michael Chamberlin, de Consultora Solidaria.
“Pero también nos dice algo más profundo: la desaparición se ha convertido en una forma de violencia que atraviesa territorios, generaciones y sectores sociales, y que puede ocurrir con una enorme probabilidad de impunidad”, dice.
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MAL EJEMPLO
Chamberlin sostiene que 20 años después de la Convención, el caso mexicano deja como lección que no basta con crear normas e instituciones para buscar eficazmente, investigar se riamente y llevar a los responsables ante la justicia.
“El problema es que todavía no hemos conseguido que esas normas cambien la realidad de las familias.
“El verdadero éxito de una política de desapariciones no se mide por las instituciones que creamos, sino por las personas que encontramos, la verdad que conocemos, la justicia que conseguimos y las garantías de que esto no vuelva a ocurrir”, insiste el experto, afirma.
“La crisis actual surge aisladamente, sino en una época especialmente sombría a escala mundial, marcada por la agresión militar, los conflictos prolongados de forma irracional, auge del autoritarismo, descarados desafíos al derecho internacional e intentos de deslegitimar los derechos humanos”.
