Por décadas, los ‘nepobabies’ de la política mexicana han sido sujetos de controversias y cuestionamientos por sus puestos, negocios, viajes e incluso encuentros con integrantes del crimen organizado. Una serie de casos recopilados por esta casa editorial muestra que los vínculos entre familia y poder han atravesado distintos gobiernos y partidos.
Víctor Alarcón Olguín, doctor en Estudios Sociales y académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), explica en entrevista con este diario que el apellido en la política puede ayudar a establecer redes y conexiones, pero advierte que el parentesco no siempre basta para explicar una carrera.
Los hijos del último presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no se salvaron del escrutinio. José Ramón López Beltrán fue cuestionado en 2022, cuando Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Latinus revelaron que él y su esposa vivieron en Houston en la llamada ‘Casa Gris’, propiedad de un ejecutivo de Baker Hughes, empresa contratista de Pemex.
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Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán han enfrentado cuestionamientos por los negocios de personas de su círculo cercano, entre ellas, su amigo Amílcar Olán, cuyas empresas obtuvieron contratos en salud y obras del sexenio obradorista.
Audios difundidos por los medios muestran a Olán hablando de negocios de balasto para el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, atribuyendo las intervenciones a los hijos del entonces presidente.
Tras el sexenio de su padre, ‘Andy’ dio el salto formal a la política; en 2024, asumió la Secretaría de Organización de Morena, que dejó en mayo de 2026 para buscar una diputación federal por Tabasco. En agosto, volvió a la polémica al anunciar que le fue retirada su visa estadounidense.
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La defensa del hijo del expresidente López Obrador tiene un costo político para Morena, afirma Alarcón, debido al protagonismo que se espera que adquiera en los próximos años y las expectativas sobre sus futuras aspiraciones.
Negocios y crimen. Los hijos del gobernador con licencia Rubén Rocha han sido señalados por negocios ligados al gobierno estatal, una investigación de MCCI documentó que empresarios asociados con José Jesús y Ricardo Rocha Ruiz recibieron cerca de 15 millones de pesos en contratos y pedidos del DIF Sinaloa, los servicios de salud estatales y el ayuntamiento de Culiacán.
Entre los casos documentados, están Verduras de El Dorado, vinculada con José Jesús a través de un socio comercial y que obtuvo contratos con el DIF estatal, dependencia a cargo de su hermana. Otro caso es el de Grupo Rofcar, empresa en la que José Jesús era accionista y a la que Salud estatal realizó compras en 2022. En mayo de 2026, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Sinaloa pidió investigar los señalamientos sobre los negocios de la familia del gobernador.
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El hijo del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, también fue señalado por la llegada de la empresa china Mainland Headwear a Agua Prieta. Latinus documentó la amistad de Alfonso Durazo Chávez con Alexander Ngan, directivo e hijo del fundador de la compañía, así como su participación al frente de un fideicomiso al que se incorporaron alrededor de 150 hectáreas vinculadas al proyecto. El gobernador negó algún beneficio personal, pero confirmó la participación de su hijo.
Los lazos familiares llegaron hasta la Marina con los hermanos Manuel y Fernando Farías Laguna, vicealmirante y contralmirante y sobrinos de Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina durante el sexenio de AMLO, quienes enfrentan acusaciones de huachicol fiscal.








