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A dos días del derrumbe de un edificio privado que dejó tres muertos y una persona lesionada en San Antonio Abad, autoridades del gobierno central y de la alcaldía Cuauhtémoc intercambiaron señalamientos sobre la responsabilidad de la demolición de la obra.
La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega señaló a la Secretaría de Vivienda de ser la encargada de otorgar el permiso para la demolición del inmueble sin que se cumplieran con las condiciones de Protección Civil.
En un video publicado en sus redes, la edil afirmó que la empresa pidió permiso a la alcaldía para hacer la demolición en septiembre de 2025, pero la demarcación no dio ‘luz verde’ a los trabajos debido a que la empresa “no cumplía los requisitos mínimos para garantizar la seguridad de la demolición”.
Señaló que a pesar de eso, la empresa inició los trabajos de demolición porque la Secretaría de Vivienda les otorgó las facilidades administrativas y autorizó la demolición.
“El 20 de octubre de 2025, la Secretaría de Vivienda, secretaría del Gobierno de la Ciudad de México, les otorgó estas famosas facilidades administrativas y autorizó la demolición usando el acuerdo de la Comisión de Reconstrucción. Aunque nosotras como alcaldía dijimos que no, ellos dijeron que sí”.
Agregó que la empresa tenía 90 días naturales para arrancar con la demolición, pero no cumplieron con el plazo. Más tarde, adjuntó imágenes de los documentos en los que la demarcación negó los trabajos.
PIDIERON CHANCE
Un día antes, durante una conferencia, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz, dijo que el 14 de julio de 2025, el representante legal del Fideicomiso 777 San Antonio Abad, solicitó a la Comisión para la Reconstrucción la aplicación del Acuerdo General de Facilidades Administrativas para la demolición.
No obstante, advirtió que dichas facilidades tienen la finalidad de simplificar procesos relacionados con inmuebles afectados por los sismos de 2017, en lo relacionado a trámites complementarios para la ejecución de obras, “sin que ello sustituya las responsabilidades que corresponden a los particulares y a las alcaldías, respecto de la ejecución de dichas obras y el cumplimiento de la normatividad aplicable”.
