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Especialistas en materia de seguridad analizan la entrega a autoridades de Estados Unidos de personas privadas de su libertad que enfrentaban un proceso penal en México, sin que hubiera una solicitud de extradición y cuando la mayoría de ellos se encontraban en una férrea defensa en contra de las acusaciones recibidas.
Los traslados se realizaron en dos grupos: 29 personas, el 27 de febrero; y 26 más el 12 de agosto de 2025. Las versiones de comunicación oficial de ambos países describieron estas acciones como “transferencias” o “entregas”.
Críticas por violaciones a derechos humanos y soberanía
Especialistas como Rafael Cardona, calificaron esta acción como un "destierro" que viola en todo sentido los derechos humanos de los mexicanos entregados a las autoridades del país vecino. También asegura que los trasladados de manera ilegal han vivido condiciones de tortura y no han tenido asistencia consular, por lo que hicieron un llamado al Gobierno de Claudia Sheinbaum para que den una postura clara al respecto.
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Esto luego que el diario norteamericano The Wall Street Journal informó que el gobierno de Estados Unidos y el de México ya estarían discutiendo una posible tercera entrega de narcotraficantes.
El dilema jurídico: ¿Transferencia o Deportación?
Cabe señalar que en ningún momento ambas naciones han hablado en términos de “deportación”, y describen estas acciones como “transferencias” o “entregas”. Esto se debe a que en términos de derecho “la deportación” solo aplica para extranjeros, porque un mexicano no puede ser expulsado de su propio país, según lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De acuerdo con la defensa legal de algunos de los trasladados a la Unión Americana, la mayoría de los 55 mexicanos no estaban sentenciados y algunos tenían resoluciones judiciales favorables en México.
Postura oficial frente a la falta de control judicial
Sin embargo, el Gobierno de México decidió entregarlos a la justicia norteamericana sin un control judicial que avalara su traslado y sin respetar los mecanismos de extradición previstos en tratados binacionales y en la Constitución.
Fue por eso que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguraron que estas personas representaban un riesgo permanente a la seguridad pública, además de que todos tienen orden de extradición.
Inconsistencias en el discurso de derechos humanos
En su momento, los abogados defensores manifestaron que la entrega de sus clientes significó una grave violación al debido proceso y a la garantía de que nadie puede ser expulsado de su país sin las debidas formalidades legales.
Ante la posibilidad de una tercera entrega masiva, los litigantes y expertos en seguridad apelan a los dichos de la Presidenta de México donde ha destacado que los derechos humanos deben prevalecer. “Los derechos humanos no son negociables, y deben ser respetados incluso por aquellos que han cometido delitos graves", aseguró la mandataria en su conferencia matutina.
Impacto en la estrategia de seguridad nacional
Ante este panorama, algunos especialistas consideran que la apelación del discurso oficial a la universalidad de los derechos humanos se desmorona frente a los hechos, ya que el envío masivo de ciudadanos al margen de un procedimiento formal vacía de contenido dicho discurso.
Entre los liderazgos criminales entregados a Estados Unidos están Rafael Caro Quintero, así como integrantes de alto rango de Los Zetas y del Cártel de Sinaloa.
