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También ha aumentado la cifra de los empleos que genera este giro con más de un millón de personas de forma directa, representando aproximadamente el 1.8% del Producto Interno Bruto (PIB) de México.
Según la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP) en 2023, México contaba con la industria de seguridad privada más grande de Latinoamérica, superando a países como Brasil y Colombia.
Y es que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en diciembre de 2023, el 62.3% de la población de 18 años o más consideró inseguro vivir en su ciudad.
Esta percepción de inseguridad ha impulsado la demanda de servicios de seguridad privada, ya que las empresas y las personas buscan garantizar protección.
Por lo que, desde el 6 de julio de 2006 existe la Ley Federal de Seguridad Privada (LFSP), que fue publicada ese día en el Diario Oficial de la Federación con el objetivo de dar certeza jurídica a prestadores y prestatarios de servicios de seguridad privada, que hoy “necesita ser actualizada ante la proliferación de estas empresas”, ha señalado en varias ocasiones el presidente fundador del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), Alejandro Desfassiaux.
“Esta ley constituye un paso fundamental para alcanzar un marco regulatorio en beneficio de la sociedad. Sin embargo, es necesario reconocer que aún se requiere atender la sobrerregulación que existe en el sector, que a su vez fomenta la aparición de empresas irregulares y la competencia desleal”, dijo Desfassiaux en el aniversario 18 de la ley que espera sea revisada pronto para garantizar un mejor servicio y la seguridad de todos.
