Más Información
Alejandra Marín fue privada de la libertad tras un proceso penal que se originó por la sustracción de un recién nacido de un hospital público, un hecho que derivó en una sentencia de más de 13 años de prisión.
Su caso no surge de una trayectoria criminal previa, sino de una situación específica que ocurrió en un contexto personal y emocional complejo.
Antes de los hechos, Alejandra trabajaba en el sector salud y tenía conocimiento del funcionamiento básico de los hospitales. De manera paralela, atravesaba un proceso prolongado de infertilidad, acompañado de tratamientos médicos, pérdidas gestacionales y un fuerte desgaste emocional relacionado con el deseo de convertirse en madre.
Lee también: CONFESIÓN IMPACTANTE: expareja de Kimberly "La más preciosa" ADMITE maltrato a la influencer
Según su versión, el evento que dio origen a la causa ocurrió en el marco de un acuerdo previo con la madre biológica del bebé, quien —de acuerdo con lo que Alejandra relata— le habría manifestado su voluntad de entregarle al recién nacido.
Alejandra sostiene que actuó convencida de que contaba con el consentimiento de la madre, y que nunca tuvo la intención de ocultar al menor ni de causarle daño. No obstante, la salida del bebé del hospital se realizó sin autorización institucional, fuera de los procedimientos legales establecidos, lo que detonó una investigación penal.
El recién nacido fue localizado y devuelto con vida, sin que se acreditaran lesiones físicas ni una exigencia de rescate o beneficio económico.
A pesar de ello, el Ministerio Público calificó los hechos como secuestro, y no como otros delitos relacionados con la sustracción o custodia indebida de menores.
Durante el juicio en su contra, la defensa argumentó que no se actualizaban los elementos típicos del secuestro, particularmente la finalidad exigida por la ley, y sostuvo que el consentimiento de la madre debía ser considerado.
Sin embargo, el tribunal desestimó esta versión y sostuvo la acusación bajo una interpretación estricta del tipo penal.
SE PORTÓ BIEN
Alejandra fue sentenciada a una pena elevada y permaneció más de 13 años en prisión. Durante su reclusión, mantuvo una conducta institucional constante: trabajó, estudió, participó en actividades dentro del penal y solicitó en repetidas ocasiones beneficios legales previstos en la ley de ejecución penal. Estas solicitudes fueron negadas sistemáticamente, argumentando la gravedad del delito por el que fue condenada.
A lo largo del encierro, enfrentó pérdidas familiares, deterioro emocional y el impacto de un proceso prolongado sin resoluciones favorables; su madre fue su principal red de apoyo desde el exterior. Tras cumplir la totalidad de la condena impuesta, Alejandra recuperó su libertad, enfrentándose a las dificultades de la reinserción después de más de una década de prisión.
El caso de Alejandra plantea cuestionamientos relevantes sobre la tipificación de los delitos, el peso del consentimiento en hechos de esta naturaleza y la proporcionalidad de las penas. Más allá del expediente, su historia muestra cómo una decisión tomada desde una convicción personal —correcta o no— puede derivar en consecuencias legales de gran alcance y en una transformación irreversible de una vida.
