El especialista en educación Fernando Ruiz Ruiz considera preocupante el aumento de alumnos afectados por las deficiencias de infraestructura, aunque aclara que el indicador no significa que la mitad de las escuelas mexicanas esté en malas condiciones, sino que mide la proporción de estudiantes cuyos directores reportan obstáculos materiales para la enseñanza.
“La infraestructura escolar no es solamente un asunto de edificios, aulas o equipamiento. Es una condición fundamental para garantizar el derecho a la educación”, señala Ruiz Ruiz.
Recuerda que los diagnósticos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) identificaron desventajas acumuladas en escuelas indígenas, comunitarias y rurales, particularmente en servicios básicos y equipamiento.
AÑOS CON ESTO
A su juicio, el problema está documentado desde hace más de una década y no basta con contabilizar el dinero invertido o los planteles beneficiados. “Necesitamos saber qué carencias se han resuelto, cuáles persisten, dónde se concentran y si las intervenciones están mejorando efectivamente las condiciones para enseñar y aprender”, plantea.
Reconoce que la administración directa de recursos por las comunidades escolares ayuda a identificar necesidades, pero insiste en acompañarla con financiamiento, asistencia técnica, supervisión y seguimiento. “La responsabilidad de garantizar escuelas dignas, seguras y funcionales sigue siendo del Estado”, afirma.
Ruiz sostiene que PISA debe servir para evaluar la eficacia de las políticas de infraestructura y su impacto en las desigualdades. “No basta con invertir en las escuelas, necesitamos asegurarnos de que esas inversiones reduzcan las desigualdades y permitan que todos los estudiantes aprendan en condiciones adecuadas”, enfatiza el especialista.









