La semana pasada, Camilo dio a conocer, a través de sus redes sociales, un comunicado en el que informaba que pospondría su presentación en México. No una semana, ni dos, sino seis meses. La explicación fue que se encuentra grabando su nuevo disco y que desea regresar con música fresca para el público mexicano.
Sin embargo, esa disculpa, aunque pudiera parecer muy consciente, deja ver una evidente falta de planeación. Si sabía que estaría inmerso en el proceso creativo de un nuevo álbum, sencillamente no debió aceptar una gira ni comprometer a miles de personas que compraron un boleto confiando en una fecha.
Días antes, Zignia Live, empresa dirigida por Alejandro Arce, también emitió un comunicado para informar el cambio. Ahí se atribuye la decisión a temas logísticos, de agenda del artista y al proceso creativo de su próximo álbum. Es el tipo de mensajes que ya forman parte de nuestra cotidianidad y que parecieran asumir que el público mexicano aceptará cualquier explicación sin cuestionarla.
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En esos comunicados nunca hay responsables. Todo se resume a “causas de fuerza mayor”, “ajustes logísticos” o “problemas de agenda”, mientras quienes terminan pagando las consecuencias son los consumidores.
No hace falta ser un experto para entender que comprar un boleto implica tiempo, trabajo y sacrificio. Muchas personas destinan meses de ahorro para asistir a un concierto. Otras recurren a planes de financiamiento y tardan hasta un año en liquidar una entrada.
Y eso parece importar muy poco. No solo a Camilo y a Zignia Live, sino a toda una industria que ha normalizado que reagendar un concierto tenga pocas o ninguna consecuencia.
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Lo más preocupante es que tampoco se percibe una autoridad verdaderamente comprometida con defender al consumidor. La Profeco solo parecería aparecer cuando el escándalo ya es imposible de ignorar. Y, por más que quieran presumirse imparciales, incluyendo a sus titulares parecería que una primera o segunda fila para el espectáculo de moda siempre resulta una tentación difícil de rechazar.
En algún momento se habló de una legislación más estricta para regular conciertos y proteger a quienes compran boletos. Sin embargo, los intereses económicos terminaron imponiéndose y, una vez más, los consumidores quedaron en segundo plano y el rigor ya se les olvidó.
Y no parece que eso vaya a cambiar, mucho menos con un proceso electoral a la vuelta de la esquina. No debería sorprendernos seguir viendo artistas en campañas políticas o cierres de campaña mientras, al mismo tiempo, miles de personas esperan conciertos que se reprograman, se cancelan o simplemente nunca llegan.
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Porque, al final, el mensaje que recibe el consumidor es muy claro, a nadie le importa si lo que pagó por un show debe llegar puntual y espectáculo puede esperar seis meses o el tiempo que sea necesario. Nos vemos la próxima, aquí, donde Quizá hablemos de ti.
