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El caso de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga continúa bajo el escrutinio público debido a la detención del empresario en octubre de 2025 por parte del ICE, derivada de irregularidades en migración. Esto provocó que las autoridades mexicanas solicitaran su extradición para que se le aplicara la justicia por los cargos que enfrenta, entre ellos lavado de dinero del erario público, delincuencia organizada, peculado y defraudación fiscal.
Aunque se ha sabido poco del paradero de la famosa y su familia, algunos medios, como los de Javier Ceriani, han apuntado que Gómez Mont se encuentra prófuga en Dubái. En medio de los rumores sobre los implicados, Galilea Montijo, quien fue cercana al matrimonio, había sido cuestionada en varias ocasiones sobre la presentadora de TV Azteca; aunque siempre evitó responder, finalmente rompió el silencio.

Durante un encuentro con los medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Montijo fue cuestionada sobre Gómez Mont y, en medio del desconocimiento del paradero de Álvarez Puga, respondió:
“No sé nada. La verdad es que no sé absolutamente nada. No es que no quiera hablar de la situación, es que no sé nada, entonces muchas veces es mejor mantenerse al margen de todo lo que está pasando. ¿Qué hay cosas que duelen? Claro que hay cosas que duelen, pero siempre hay que mantenerse al margen”, expresó la conductora ante la insistencia mediática sobre la situación de su colega y amiga.
Víctor Manuel Álvarez Puga desaparece de los registros de detención en Estados Unidos
Tras la difusión de la noticia de su presunta detención, se realizaron verificaciones para confirmar que se trataba efectivamente del abogado que huyó junto a su esposa e hijos. Semanas después, se filtró una fotografía en la que presuntamente aparecía con el uniforme que portan las personas detenidas mientras se define su situación migratoria en Estados Unidos.
No obstante, tres meses después de su detención, el nombre de Víctor Manuel Álvarez Puga dejó de figurar en la página oficial del gobierno estadounidense encargada de monitorear casos migratorios y personas detenidas. Según una investigación publicada por El País México, ni el Gobierno mexicano ni la defensa del abogado han aclarado su situación jurídica actual, manteniendo el caso envuelto en incertidumbre.









