Hasta aquel día, trabajaba en un bar de Valle de Chalco, Estado de México. Era trabajadora sexual. Según contó a la organización internacional de derechos humanos, Amnistía Internacional, durante la madrugada del 21 de marzo de 2014 estaba en la casa de uno de sus clientes, cuando entraron más de 20 agentes de la Policía Federal, vestidos de negro y armados con rifles de asalto. Le arrancaron a Fernanda la ropa, la manosearon y la amenazaron a gritos. La llevaron a una casa de seguridad de la propia policía; ahí escuchaba los gritos de las personas a las que estaban torturando. Uno de los policías le gritó: “Vas a la cárcel por pendeja y por pinche puta”.

Tras palizas y descargas eléctricas, la llevaron a la PGR, donde la presentaron como parte de una banda de la delincuencia organizada.

Este es uno de los 100 testimonios que Amnistía Internacional recopiló en su informe “Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas de México”. El texto relata características que las mujeres detenidas comparten: la inmensa mayoría son pobres, sin estudios concluidos; muchas de ellas son madres solteras y jóvenes. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayoría de las mujeres que se encuentran en las cárceles llegaron ahí tras un historial de pobreza y vulnerabilidad social: la necesidad de mantener a los hijos, pocos estudios que les permitieran una forma de vida digna. Muchas de ellas fueron reclutadas por los cárteles para hacer los trabajos más peligrosos y peor pagados dentro de la organización criminal. Otras, como la historia narrada arriba, son trabajadoras sexuales, detenidas y tomadas por delincuentes.

Otro dato relevante en el informe es de dónde provienen las mujeres víctimas de tortura y violencia sexual durante su arresto, y que denunciaron los hechos. De 100 mujeres entrevistadas, 19 fueron detenidas en la Ciudad de México (es decir, eso de que esta capital es un “oasis” en medio de la violencia generalizada es una falacia); 15, en el Estado de México, y 11, en San Luis Potosí. Luego viene el resto de las entidades: Coahuila, Tamaulipas, Tabasco...

A muchas de ellas las vejaron en presencia de sus hijos, la mayoría, niños pequeños. Finalmente, otro aspecto desgarrador es que de las 100 entrevistadas, 10 estaban embarazadas al momento de su detención. Y ocho sufrieron un aborto a consecuencia de las golpizas y violaciones.

¿Y son estos policías y militares quienes nos protegen?