Una red de aviadores en el Estado de México fue desarticulada y 27 personas fueron vinculadas a proceso porque cobraban sin laborar o eran prestanombres para cobrar una nómina, lo que dañaba el erario mexiquense.
La indagatoria inició por denuncias presentadas por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) del Estado de México, donde se detectaron 459 movimientos de alta de personal en plazas docentes cuyos titulares presuntamente nunca desempeñaron funciones.
Los detenidos registraban a personas en la nómina gubernamental sin que trabajaran, como aviadores, para posteriormente retirar los recursos y distribuirlos entre integrantes de la organización.
Lee también: Chofer da vuelta prohibida y manda a motociclista directo a la muerte, en Tlalnepantla
¿Cómo operaba la red de aviadores en el Estado de México?
La Fiscalía mexiquense calcula que entre enero de 2025 y febrero de 2026 la red obtuvo de manera ilícita más de 96 millones de pesos, mediante pagos quincenales de aproximadamente cuatro millones de pesos, además de prestaciones como aguinaldos, primas vacacionales y bonos.
No obstante, alertaron que la cifra puede aumentar, porque esa cifra se obtuvo con las primeras indagatorias.
La indagatoria se abrió contra exsubsecretarios, directores generales, delegados administrativos, jefes de departamento, capturistas y otros servidores públicos adscritos a diversas dependencias estatales, entre ellas la Secretaría de Finanzas, la SECTI, la Oficialía Mayor, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría del Bienestar.
Carpeta gorda
Las autoridades judiciales indicaron que la carpeta de investigación integra 30 tomos con aproximadamente 12 mil fojas de entrevistas, peritajes, documentos e inspecciones que sirvieron para solicitar órdenes de aprehensión y obtener las vinculaciones a proceso.
También dio a conocer que los 27 imputados, con medida cautelar de prisión preventiva justificada, permanecen recluidos en el Centro Penitenciario de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, mientras continúan las audiencias y el desarrollo del proceso penal por los delitos de fraude y abuso de autoridad.
