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El Tren Maya tenía adeudos con proveedores y empleados de 2 mil 470 millones de pesos en septiembre, 298% o cuatro veces más que los 620 millones que registró en enero de este año, de acuerdo con el estado analítico de la deuda y otros pasivos de la empresa al que se accedió.
Analistas indican que, al igual que otras compañías como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad se debe a que gasta más de lo que ingresa.
El proyecto, que administra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y se localiza en la península de Yucatán, requiere subsidios del gobierno desde que comenzó operaciones en diciembre de 2023.
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Se pidió al área de Comunicación Social del tren las razones de la mayor deuda y si necesitaba más apoyo federal, pero no hubo respuesta.
ANOMALÍAS
El Instituto Mexicano para la Competitividad, Fundar, Greenpeace y otras instituciones no gubernamentales señalan que el ferrocarril arrastra irregularidades ambientales, sobrecostos y carece de transparencia en el manejo de recursos, ya que el gobierno reservó información de impacto y la obra se desarrolló sobre suspensiones judiciales.
El académico de la UNAM, Miguel González, dice que se trata de dinero público que se utilizó por una decisión política, aun cuando se sabía que el costo real sería mayor a los 120 mil mdp estimados originalmente.
El Imco calcula que el costo total de la obra rondaba los 500 mil millones de pesos hace dos años, mientras que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades en el proyecto por 3 mil millones de pesos entre 2023 y 2024.
“El proyecto ya está construido, pero ahora el punto central es que requerirá una fuerte inversión anual para mantenerse en operación. Incluso en el sexenio de Peña Nieto se había advertido que no era rentable y por eso se canceló”, indica González en entrevista con esta casa editorial.
