A 10 días del ocaso de su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa que busca regular y facilitar la adquisición de armas en zonas rurales, lo que representa un giro en su política de “Abrazos, no balazos”.

Con este ajuste, el gobierno federal busca armar a ejidatarios, comuneros y jornaleros, argumenta, por el incremento de la delincuencia organizada y el tráfico ilícito de armas.

Por ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Poder Legislativo, a menos de dos semanas de dejar el cargo, una iniciativa para reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y la Ley Federal de Derechos.

La propuesta presidencial plantea que estos ciudadanos porten armas en sus domicilios y fuera de las zonas urbanas.

El vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila Anaya, afirmó que la iniciativa pretende regular y facilitar la adquisición de armas en zonas rurales con un mayor control y ante la ausencia de vigilancia.

Descartó que esta nueva estrategia detone la violencia en las zonas rurales, “porque no los estamos armando, sino que abre la posibilidad de que se puedan armar”.

Esta iniciativa, dijo, no significa que el Estado haya renunciado a la capacidad de otorgar seguridad, sino que da certeza a la ciudadanía para proteger su patrimonio.

Descartó que el armar a estos sectores detone balaceras, como en Estados Unidos, porque “en México hay valores”.

La reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos también faculta al Ejecutivo federal para llevar el control, registro y operación de armas en el país, además de ser el encargado de otorgar permisos para la fabricación y comercialización.

En su exposición de motivos, la reforma enviada por AMLO señala que el incremento del tráfico ilícito de armas de fuego en México constituye un fenómeno delictivo que impacta directamente a la sociedad, circunstancia vinculada a la delincuencia organizada, a los homicidios dolosos, así como a otros delitos violentos.

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