Nueva York. El caso judicial contra el presidente venezolano Nicolás Maduro dio un giro inesperado esta semana cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos eliminó las referencias que lo señalaban como líder del llamado Cártel de los Soles, una presunta red de narcotráfico dentro de las fuerzas armadas de Venezuela
Hasta hace poco, documentos judiciales citados desde 2020 por Washington afirmaban que Maduro “ayudó a gestionar y, en última instancia, liderar el Cártel de los Soles a medida que ascendía al poder en Venezuela”. Esa narrativa fue clave en la estrategia contra el régimen chavista y en la campaña antidrogas promovida por la administración estadounidense.
Sin embargo, la acusación revisada presentada recientemente en Nueva York ya no describe al Cártel de los Soles como una organización criminal formal, ni ubica a Maduro como su jefe directo. En su lugar, el documento califica a este grupo como un “sistema de clientelismo” y una “cultura de corrupción estatal” en la que élites venezolanas se habrían beneficiado de vínculos con el narcotráfico.
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Pese a este ajuste en el lenguaje legal, EE. UU. sigue manteniendo cargos contra Maduro por narcotráfico, narco-terrorismo y conspiración para importar cocaína hacia territorio estadounidense. La revisión de la acusación se produjo horas después de que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueran capturados por fuerzas estadounidenses en un operativo en Caracas y trasladados a Nueva York.
El cambio ha reabierto el debate sobre si el Cártel de los Soles existe como una estructura criminal organizada o si fue una etiqueta política utilizada por Washington para justificar sanciones, recompensas y acciones militares contra el gobierno venezolano. Analistas aseguran que, aunque la organización ha sido mencionada durante décadas, su naturaleza exacta —como grupo jerárquico con líderes definidos— nunca se ha demostrado con pruebas contundentes.
Mientras tanto, el caso contra Maduro seguirá avanzando en tribunales federales de Manhattan, donde la defensa podría argumentar cuestiones de inmunidad y legalidad internacional, dado que se trata de un jefe de estado en funciones, aunque no reconocido por Estados Unidos desde 2018.
