Elena Ruiz es una emprendedora en el negocio de pasteles y galletas artesanales y de ahí sostiene a sus hijos y madre. El sabor es delicioso y triunfó, por lo que decidió expandirse con una página web y buscó por internet quien le diseñara su portal.
En la red encontró a Marcos, un programador independiente en sistemas de cómputo. Le mandó 15 mil pesos como anticipo, los días siguientes fueron de terror.
Marcos no respondió correos y no entregó el sitio en la fecha pactada. Elena buscó ayuda con un abogado, él le sugirió que acudiera al Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial de la Ciudad de México, ubicado en Niños Héroes 131, colonia Doctores.
Así se vio con Marcos, a quien recriminó que el retraso de tres meses le costó dinero y reputación. Para ella no se trataba solo de una “prestación de servicios incumplida”, sino de una falta de ética y estafa.
Su petición era radical: la devolución total del dinero y una indemnización por daños. Marcos alegó “complicaciones técnicas imprevistas” y problemas personales.
Admitió que el silencio fue su mayor error, pero insistió en que el trabajo ya estaba avanzado en 60% y que no tenía para reembolsar.
El mediador intervino para pasar de las culpas a las necesidades, y vio que ella necesitaba la página web y él no quería demandas. Después de dos horas, la hostilidad se transformó en un compromiso escrito con puntos clave. Desarrollaron un calendario de entregas, determinaron una penalización, pues si Marcos fallaba en una sola fecha, se procedía a la devolución automática de 50% y una compensación que incluiría el soporte técnico y actualizaciones sin costo por un año. Al salir, un frío apretón selló el acuerdo.
