Circular por, segundos pisos, vías de acceso controlado y estacionarse fuera de un lugar autorizado son las principales que se les levantan a transportes de sustancias peligrosas en la Ciudad de México.

En total, del 10 de octubre de 2025 al 10 de septiembre de 2026, se levantaron 9 mil 480 infracciones a conductores de transportes de sustancias peligrosas y de carga, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) obtenida vía transparencia por este diario.

Cabe recordar que tras el accidente en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, donde se volcó y explotó una pipa de gas LP, de casi 50 mil litros, que provocó la muerte de 32 personas, se endurecieron las reglas de tránsito para estos vehículos.

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Del total, se levantaron 8 mil 645 infracciones a transportes de carga y sustancias peligrosas por violar el artículo 26 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

Este indica que los conductores de transportes de carga tienen prohibido manejar por carriles centrales y segundos niveles de las vías de acceso controlado cuando se trate de vehículos de peso bruto vehicular de diseño superior a 3 mil 857 kilos o donde el señalamiento restrictivo así lo indique, así como estacionarse fuera de un lugar autorizado o de los sitios de encierro o guarda correspondientes y cuando se trate de vehículos que transporten sustancias tóxicas o peligrosas rodar por las vías de acceso controlado.

En segundo lugar, se han impuesto un total de 706 infracciones a vehículos de transporte de carga, así como a vehículos de transporte de sustancias tóxicas y peligrosas, por transgredir lo establecido en el artículo 25 del Reglamento de Tránsito capitalino, que refiere que deben circular en las vías y horarios establecidos mediante aviso de la Secretaría, por el carril de la extrema derecha y usar el izquierdo sólo para rebasar o dar vuelta a la izquierda y realizar maniobras de carga y descarga en lugares seguros, sin afectar o interrumpir el tránsito vehicular.

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REBASAN LÍMITES. Mientras que en el mencionado periodo se impusieron 113 infracciones por transgredir lo establecido en el artículo 9 fracción VII de dicho reglamento, el cual refiere que el límite de velocidad para los vehículos que transporten sustancias tóxicas o peligrosas será de 30 kilómetros por hora en cualquier zona o vía de circulación, salvo en zonas escolares, de hospitales, de asilos, de albergues y casas hogar, donde deberán rodar a la velocidad máxima será de 20 kilómetros por hora y en estacionamientos y en vías peatonales en las cuales se permita el acceso a vehículos la velocidad máxima será de 10 kilómetros por hora.

En cuarto lugar, se encuentran las violaciones al artículo 28, por las que se levantaron 14 infracciones. Dicho artículo señala que está prohibido que los conductores de vehículos que transporten sustancias tóxicas o peligrosas se estacionen en la vía pública o en la proximidad de fuente de riesgo, independientemente de la observancia de las condiciones y restricciones impuestas por las autoridades federales en materia ambiental y de transporte; así como realizar maniobras de carga y descarga en lugares no destinados para tal fin.

En el caso de violaciones al artículo 27 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, la SSC levantó 2 infracciones. El artículo 27 apunta que los conductores de vehículos que transporten sustancias tóxicas o peligrosas deben circular por las rutas, horarios y los itinerarios de carga y descarga autorizados y dados a conocer por la Secretaría y por Seguridad Pública, abstenerse de realizar paradas que no estén señaladas en la operación del servicio y en caso de congestionamiento vehicular que interrumpa la circulación, el conductor deberá solicitar a la policía prioridad para continuar su marcha, mostrando la documentación que ampare el riesgo sobre el producto que se transporta.

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Además, establece que estos vehículos deberán ir señalizados y balizados de conformidad con lo establecido en las normas oficiales mexicanas con relación a este tipo de transporte y cumplir con los lineamientos en materia de sustancias peligrosas que para tal efecto expidan las autoridades competentes.

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