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Un día después de la conmemoración del Día Mundial del Agua, el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, presentó los alcances de la nueva Ley de Aguas durante la Conferencia del Pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional.
El funcionario enmarcó la reforma como un giro estructural frente al modelo previo: “Se trata de un profundo cambio que corta de tajo este régimen de privilegios que se instauró durante el periodo neoliberal y que da paso a un sistema que privilegia el derecho humano para las y los mexicanos”.
La nueva legislación busca cerrar espacios a prácticas como la compraventa de concesiones entre particulares, los cambios de uso con fines lucrativos y el acaparamiento del recurso. También fortalece las facultades de la autoridad para combatir el uso ilegal del agua y reconoce, por primera vez, a los sistemas comunitarios en ejidos, comunidades y pueblos indígenas como actores del modelo hídrico.
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Para ilustrar los efectos del esquema anterior, Morales López expuso el caso de Zacatecas, donde siete títulos de concesión terminaron fragmentados y revendidos hasta convertirse en 50, con distintos usos y una ganancia estimada de más de 54 millones de pesos para un particular. Con la reforma al artículo 22, estos derechos ya no podrán transmitirse, lo que busca desarticular el mercado negro.
El problema, subrayó el gobierno federal, no se limita a la fragmentación de títulos, sino también a la especulación. En Chihuahua, en el acuífero Laguna de Hormigas —uno de los más sobreexplotados del país— se detectaron concesiones y constancias que impedían el acceso al agua a usuarios que sí la necesitaban.
Sobre este punto, la presidenta explicó cómo operaba el mecanismo: “Esto evitaba, por ejemplo, si en este acuífero se permite la explotación de 100 metros cúbicos, ya se le había otorgado la concesión a alguien. Otra persona que realmente iba a utilizar el agua ya no podía, porque ese volumen ya estaba concesionado. Ese alguien nunca la usó, pero sí la podía vender. Entonces era la especulación del agua, a pesar de que no se usara. Ahora regresa toda esa concesión a Conagua y ya ellos pueden otorgarla a quien realmente puede utilizarla”.
El gobierno presentó casos concretos de uso indebido del recurso. Uno de ellos involucra a la familia Calzada en Querétaro, que concentraba 628 mil metros cúbicos en cinco títulos dentro de una zona con fuerte déficit hídrico. De acuerdo con la revisión oficial, concesiones destinadas a uso agrícola y pecuario eran utilizadas para vender agua en pipas, así como para abastecer desarrollos inmobiliarios y un club de polo.
El tema cobró relevancia política al recordarse, por medio de un video transmitido durante la conferencia, la postura del diputado del PRI, Mario Calzada Mercado, quien votó en contra de la reforma: “En el grupo parlamentario del PRI lo hemos dicho fuerte y claro: México necesita una ley que ponga en el centro a la gente y no a la burocracia, una ley que garantice agua para vivir y no para especular. Por eso, por convicción, por responsabilidad y por respeto al pueblo de México, mi voto es en contra”.
Ante ello, Claudia Sheinbaum acusó que el marco anterior facilitaba abusos: “La familia Calzada tenía concesiones de agua para riego agrícola; eso significa que no pagaban por el agua. Sin embargo, podían usarla o transmitirla a otros usos sin reportarlo a la Conagua. En realidad, no era para producir alimentos, sino para un desarrollo residencial o para vender agua en pipas, mientras la gente de al lado no tiene agua”.
La mandataria agregó que las concesiones ya fueron retiradas y los pozos clausurados, aunque los involucrados recurrieron a amparos en un primer momento.
Además de estos casos, se documentó el de una “refresquera muy famosa”, con irregularidades en el pago, medición y uso del recurso: títulos sin pago por millones de metros cúbicos, sobreexplotación y concesiones sin medidores. La empresa mantiene un adeudo de 234 millones de pesos, de los cuales ya cubrió parcialmente 50 millones, mientras avanza en su proceso de regularización.
Ante este panorama, la nueva ley contempla sanciones más severas: multas de hasta 3 millones de pesos, clausuras, extinción de concesiones e incluso penas de prisión. También obliga a mejorar los sistemas de medición y a recuperar volúmenes no utilizados para redistribuirlos.
Finalmente, la presidenta contextualizó el origen del modelo que se busca revertir: “Esa ley de aguas que existía antes la hizo Carlos Salinas de Gortari en 1992; ahí se permite comercializar el agua, convertirla en mercancía. Después hubo títulos de concesión en los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto”.
