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Cincuenta y cinco mexicanos que enfrentaban un proceso penal han sido entregados a las autoridades de Estados Unidos, en la presente administración federal.
Todos ellos se realizaron sin un proceso de extradición, incluso, cuando la mayoría de ellos se encontraban en una férrea defensa en contra de las acusaciones en su contra.
Los traslados se realizaron en dos grupos, el primero de 29 personas, el 27 de febrero; y el segundo de 26 reos más el pasado 12 de agosto de 2025.
¿Por qué no se usó el proceso formal de extradición?
Ante esto, The Wall Street Journal informó que el gobierno de Estados Unidos y el de México ya estarían discutiendo una posible tercera entrega de narcotraficantes.
Cabe señalar que en ningún momento ambas naciones han hablado en términos de “deportación”, y describen estas acciones como “transferencias” o “entregas”.
Esto se debe a que en términos de derecho “la deportación” solo aplica para extranjeros, porque un mexicano no puede ser expulsado de su propio país, según lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De acuerdo con la defensa legal de algunos de los trasladados a la Unión Americana, la mayoría de los 55 mexicanos no estaban sentenciados y algunos tenían resoluciones judiciales favorables en México.
Sin embargo, el Gobierno de México decidió entregarlos a la justicia norteamericana sin un control judicial que avalara su traslado y sin respetar los mecanismos de extradición previstos en tratados binacionales y en la Constitución.
Fue por eso que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguraron que estas personas representaban un riesgo permanente a la seguridad pública, además de que todos tienen orden de extradición.
En su momento, los abogados defensores manifestaron que la entrega de sus clientes significó una grave violación a los derechos humanos, al debido proceso, al derecho a la defensa y a la garantía de que nadie puede ser privado de su libertad o expulsado de su país sin las debidas formalidades legales.
Ante la posibilidad de una tercera entrega masiva, los litigantes y expertos en seguridad apelan a los dichos de la Presidenta de México donde ha destacado, que los derechos humanos deben prevalecer en todos los casos, incluso cuando se trata de delincuentes de alta peligrosidad.
“Los derechos humanos no son negociables, y deben ser respetados incluso por aquellos que han cometido delitos graves", aseguró la mandataria en su conferencia matutina.
Ante este panorama algunos especialistas en seguridad consideran que la reiterada apelación del discurso oficial a la universalidad de los derechos humanos se desmorona frente a los hechos. Ya que el envío masivo de ciudadanos mexicanos al extranjero, al margen de un procedimiento formal de extradición, no solo contradice ese discurso, sino que lo vacía de contenido.
