detectan mil 814 casos de violencia sexual

Activistas de Toluca exigen libertad sobre su cuerpo

Exhiben incumplimento de ley que permite, en casos de violación, interrumpir el embarazo

(Foto: Alma Ríos | El Gráfico)

Toluca 23/11/2017 20:31 Alma Ríos Actualizada 20:34
 

A pesar de que en el Estado de México es legal la interrupción del embarazo por violencia sexual, pocos hospitales mexiquenses acatan la ley, así denunciaron activistas.

De acuerdo con cifras del sistema estatal de Salud, de enero del 2016 a septiembre del 2017, se registraron mil 814 casos de agresión sexual; el 35% de estos casos fueron una violación, pero de esta cifra sólo se practicaron 20 interrupciones de embarazo, 

"Esta cifra pone en evidencia la grave situación de violencia de estado y la falta total de respeto a los derechos humanos. Además existe un sub registro de mujeres que no tienen acceso a este servicio", precisó Jacob Vázquez Gómez integrante del Frente 046 al denunciar que muchos hospitales incumplen la norma 046, que permite la interrupción voluntaria del embarazo por violencia sexual.

 ni en el pretelini. Los integrantes del Frente 046 señalaron que han detectado que en hospitales como el materno perinatal Mónica Pretelini en Toluca, los médicos se niegan a practicarles un aborto a mujeres que han sufrido abuso sexual. Esta situación se registra, principalmente, en adolescentes y jóvenes de 15 a 19 años.

 "Detectamos la alusión de objeción de conciencia en médicos que niegan el servicios a mujeres víctimas de violencia sexual", señaló Vázquez.

 Las organizaciones que integran el Frente 046 demandaron al gobernador, Alfredo del Mazo, y al secretario de Salud, Gabriel O'shea, el pleno cumplimiento de la norma oficial mexicana, que establece criterios para que las instituciones de salud brinden atención integral a las víctimas de violencia sexual, como son: anticoncepción de emergencia, profilaxis para evitar enfermedades de transmisión e interrupción del embarazo voluntaria.

 Pidieron respetar las modificaciones a esta disposición en las que se elimina el requisito de autorización judicial.

 Asimismo, demandaron campañas de prevención para dar a conocer los derechos de las mujeres además de capacitar al personal médico de las instituciones de salud y procuración de justicia con perspectiva de género.

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