Al reconocer que la violencia feminicida persiste en México, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso de la Unión la iniciativa de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, con el objetivo de erradicar este crimen, homologar penas y protocolos de investigación.
De ser aprobada en el próximo periodo de sesiones, se establecerá una pena de 50 a 70 años de prisión a quien asesine a una mujer y se acrediten razones de género, como signos de violencia sexual, antecedentes de violencia, parentesco con el agresor, entre otras.
Además, se fijaría 19 agravantes para aumentar la pena, en caso, por ejemplo, de que la víctima sea una niña, adolescente, periodista o migrante.
Luisa María Alcalde, consejera Jurídica del Ejecutivo federal, señaló que la importancia de esta ley se debe a que hay deficiencias en los procesos de investigación, falta de análisis de contexto de violencias, ausencia de estándares con perspectiva de género que generan pérdida de indicios y subregistros de feminicidios. Y, lo más grave, se catalogan como “homicidios” cuando realmente son feminicidios.
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Dentro de esta iniciativa, la presidenta de México también propone sanciones y formas para reparar el daño. Ante cualquier caso de violencia feminicida, el responsable no solo será sometido a la pena privativa de la libertad, sino también perdera sus derechos sucesorios como la patria potestad, tutela, curatela, guarda y custodio. Mientras que en caso de ser un servidor público sera destituido e inhabilitado. Además las autoridades, fiscalías y los ministerios públicos intervendrán en el proceso en su totalidad.