El 2 de febrero de 2011, Día de la Candelaria, Miriam Isaura López Vargas desayunó con su esposo y unos amigos en su ciudad, Ensenada, Baja California.
Salió del restaurante, abordó su auto —modelo Focus— color negro y desapareció. Por una semana, su pareja y familiares la buscaron en Semefos, hospitales y agencias. No había rastro de ella.
Hasta que el 9 de febrero la joven, de 28 años, pudo llamar a su pareja.
Le preguntó por sus tres hijos y luego dijo que había sido detenida mientras circulaba en avenida Juárez, en Ensenada, por dos sujetos que jamás se identificaron. A punta de pistola la bajaron a empujones de su vehículo. La hicieron abordar una Pick up blanca. La llevaron al cuartel militar “Morelos”, en Tijuana… En esa misma llamada, Miriam finalmente informó que la trasladarían al Distrito Federal en calidad de arraigada, acusada de narcotráfico. Ahora se sabe que a Miriam la torturaron y la violaron por dos días para que firmara una declaración falsa.
A Miriam, le colocaron bolsas de plástico en la cabeza para asfixiarla; le dieron toques eléctricos en las costillas, las plantas de los pies y los genitales; le hicieron un corte en la muñeca al momento de amenazarla con cortarle la mano. Militares la violaron una y otra vez.
La obligaron a bañarse y cambiarse de ropa después de cada agresión. Le ensañaron fotos de sus hijos y de su pareja, unas de éstas tomada tres días antes de la detención, y le dijeron que si no declaraba dañarían a su familia. Por fin firmó una declaración, en la que se autoincriminaba por el delito de narcotráfico.
El 9 de febrero, Miriam fue trasladada a la ciudad de México, al Centro Nacional de Arraigo. Permaneció ahí hasta el 26 de abril de 2011. Después fue trasladada al Centro de Readaptación Social (Cereso) en Ensenada, Baja California, hasta el 1 de septiembre de 2011, cuando un juez dictó sentencia absolutoria. Es decir, Miriam es inocente.
EL ANTECEDENTE
¿Por qué tanta agresión contra Miriam? Hay un antecedente: tres semanas antes de su detención, el 10 de enero de 2011, la joven había enviado un correo electrónico a las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional; se quejaba de los soldados ubicados en el retén Loma Dorada, junto a casa de su madre, en las cercanías de Ensenada.
Cada vez que pasaba por ahí era detenida y la intimidaban, además hacían revisiones exhaustivas. En una ocasión, incluso, había tenido que reparar las vestiduras del auto, dañadas por los militares. Además, el “coronel” a cargo —de quien jamás supo su nombre— la acusaba de ser delincuente. Pareciera que la detención, tortura, violación y el intento de meterla a la cárcel por años tenía como objetivo castigar esta denuncia.
Después de estos hechos, Miriam y su familia quedaron destruidos. Sin embargo, decidieron no guardar silencio. El 14 de diciembre de 2011, la joven interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra); los delitos: detención arbitraria, tortura y violación, entre otros.
Han pasado tres años desde la detención, tortura y violación. Durante este tiempo, la mujer, ahora por cumplir 31 años, ha sido intimidada. Y el juicio en contra de los agresores está estancado.
Éstos no han sido ni siquiera llamados a declarar. Por eso, varias organizaciones sociales han creado una campaña para pedir al presidente Enrique Peña Nieto que se asegure que se haga justicia y llegue a término una investigación profunda y exhaustiva de los hechos.
