La clase política tradicional es conocida por los privilegios y los lujos. Durante años fue común que mientras la ciudadanía enfrentaba las penurias de la crisis o el desempleo, los políticos del régimen no tenían empacho en hacer público el disfrute de banquetes, viajes, escoltas y costosos privilegios.

Lo anterior dio como resultado el rechazo ciudadano al gobierno y a los políticos. El cambio por el que votó la gente el pasado 1 de julio fue un mandato para acabar con estas prácticas. La gente votó con esperanza, pero también lo hizo con indignación.

No escuchar o pasar por alto el estado de ánimo de la población del país sería un error; más si la realidad nos muestra que hay suficientes razones para la inconformidad.

Hace unos días, nos enteramos que tan sólo en el Senado de la República se gastó la cantidad de 132 millones de pesos en alimentación para 128 legisladores los últimos seis años. En un país donde de acuerdo con cifras oficiales el 11.8% de los hogares pasan algún día sin comer, el hecho resulta poco más que indignante.

Más aún, estos 132 millones dedicados tan sólo a las botanas de los senadores representan el 15. 6% de los 845 millones de pesos que el gobierno de Enrique Peña Nieto reportó como inversión de la llamada “Cruzada contra el Hambre”.

Con estas cifras, resulta sencillo explicarse por qué casi el 80% de la ciudadanía desconfía del Poder Legislativo. Por eso, una de las principales ofertas de campaña del presidente electo Andrés Manuel López Obrador y el resto de los candidatos de Morena fue la de aplicar un profundo programa de austeridad.

En el Senado se han cortado privilegios: ya no hay bonos, ni se pagan seguros de gastos médicos, ni sobresueldos. También terminó la era de los desayunos para las reuniones de comisiones y los bocadillos para legisladores el día de sesión. Habrá sólo agua y café.

Es cierto que el trabajo legislativo es absorbente y que hay ocasiones en que llega la hora de la comida y el trabajo sigue. No obstante, eso no debe ser pretexto para que la alimentación de los legisladores sea pagada con dinero público.

En mi opinión, no veo deshonra alguna a la investidura de legislador en el hecho de que en esas ocasiones las legisladoras y legisladores lleven sus tuppers con comida o manden a comprar con sus propios recursos algún refrigerio de su gusto. Eso hacen millones de trabajadores todos los días, ya sea para sacar adelante sus actividades atrasadas en la hora de la comida o para economizar en el gasto familiar.

Por eso, en mi papel del Presidente de la Mesa Directiva del Senado, lancé en redes sociales el #TuppersChallenge invitando al resto de las y los legisladores a llevar al Senado su comida en estos populares recipientes. El dato es sin duda anecdótico y pretende desterrar la cultura del privilegio y el confort para quienes legislan. No debemos perder de vista que los representantes populares, somos eso, representantes del pueblo.