La cúpula priísta (Camacho, Beltrones y Gamboa) reaccionó de manera precipitada ante la ocurrencia de AMLO al exigir, ante un Zócalo lleno de acarreados en su mayoría, la renuncia del presidente Peña por la crisis de seguridad en Guerrero. El delito de AMLO, según el PRI, es el de portación de la selfie prohibida con José Luis Abarca durante la campaña presidencial de 2012. Y que el fundador de Morena respaldó la candidatura del autor intelectual de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Sin embargo, la corriente perredista Nueva Izquierda, Lázaro Mazón y Ángel Aguirre fueron quienes se repartieron las candidaturas en Guerrero.

Como candidato a la presidencia de México, López Obrador no estaba facultado legalmente siquiera para encabezar las impugnaciones de la elección presidencial frente al extinto IFE y tampoco frente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Era el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, quien tenía dicha potestad. La única autoridad de López Obrador era de tipo moral, no estaba obligado a conocer los antecedentes criminales de Abarca. Pero sí lo sabía y no le importó porque su prioridad era salvar al país, a pesar de que puso a los habitantes de Iguala en las manos de un peligroso criminal como José Luis Abarca.

Por ello, el costó que el tabasqueño ya comienza a pagar es político y muy probablemente electoral en 2015. Hoy, según algunas encuestas, Morena no llega al 10% de las preferencias. El nuevo partido no se salvará de pagar en las urnas por los errores de la izquierda. Y que esta vez, a diferencia de los casos de Gustavo Ponce y René Bejarano, sí tocan a López Obrador.

El PRI calculó mal sus señalamientos, sólo imaginó la foto del tabasqueño rindiendo declaración en la SEIDO por su nexos con Aguirre, Mazón y Abarca. La imaginaria foto mermaría las previsibles impugnaciones de Morena por la previsible negativa de la Corte a la solicitud de la consulta popular en contra de la reforma energética.

Pero sólo propiciaron un escenario propicio para que López Obrador se declare una vez más la pobre víctima de los de arriba, de la mafia del poder que quiere ganarle a la mala. Y de pasó, al estilo de la serie de televisión The Walking Dead, el PRI le echó a andar al zombie al procurador Jesús Murillo Karam. Quien sí representa una autoridad responsable de investigar no sólo los delitos actuales de Abarca, sino también los cometidos el año pasado contra tres perredistas.

Periscopio

El secretario de Movilidad del DF, Rufino León, busca la manera de someter a empresas de Uber y Cabify a los mismos abusos que padecen miles de taxistas en la capital con tarjetones, cambio de cromática y una larga cadena de corrupción. El argumento de Rufino León es que hay quejas de usuarios que olvidan objetos personales en estos carros de alquiler y que por eso hay que prohibirlos.

En el radar

Hoy inicia en la Cancillería el VII Foro Ministerial para el Desarrollo en América Latina y El Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El PNUD y 30 países de la región han volteado a ver el nuevo enfoque que le ha dado la Sedesol a los programas sociales en México como Prospera, enfocado más hacia la inclusión financiera, productiva y laboral de jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Bitácora de lo absurdo

La Suprema Corte desechó ayer la solicitud del PAN de realizar una consulta nacional para aumentar el salario mínimo. El líder nacional azul, Ricardo Anaya, anunció que, pese a no estar de acuerdo con el fallo, acatarán de resolución de la Corte. Por si alguien dudaba quién manda en el PAN, el bato Gustavo Madero se olvidó que ahora es sólo un panista más, su calidad de ex dirigente le reclama prudencia para no opacar a su sucesor, y se lanzó al ataque de la SCJN, a la que acusó de rendirse ante el status quo. Sólo faltó un pronunciamiento de Groucho Marx o un pastelazo del senador Javier Lozano para completar la estampa Montessori. Y es cierto, la consulta que pide el PAN es tan inconstitucional como el salario mínimo.

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