Riesgos en la Asamblea Constituyente
Ante el inminente inicio de la discusión de los dictámenes del articulado de la Constitución de la Ciudad de México, se advierten vicios en el proceso que apuntan a la resistencia del gobierno de Miguel Ángel Mancera y sus representantes en ese órgano legislativo por incluir los derechos sociales ya ganados, así como la pretensión de abrir la puerta a las privatizaciones.
El riesgo de que la Asamblea Constituyente no tenga un buen resultado es real, pues hay una oposición velada pero firme para modificar el proyecto original e incorporar derechos y conceptos avanzados e incluso se deja ver una tendencia a ir por debajo del proyecto de Mancera, que ya tiene fuertes limitaciones de por sí.
Por desgracia, la Asamblea Constituyente no está exenta de los vicios legislativos habituales que vulneran su institucionalidad pues hay acuerdos que se procesan en una “mesa de al lado”.
Asimismo, hay la posibilidad de que los derechos y programas sociales, como la pensión a adultos mayores, desaparezcan o se vean disminuidos debido a que hay resistencia a enumerarlos de forma explícita.
En estos tres meses, sólo los legisladores de Morena han roto con esa inercia conservadora de no modificar nada y han dado batalla para proponer modificaciones y adiciones.
Mientras los de Morena han hecho una defensa magnifica de los temas más importantes de la ciudad, el gobierno busca evitar que se expida una constitución de avanzada. En el discurso enarbola el progresismo, pero en la práctica impulsa las privatizaciones.
Si de verdad se quiere una Constitución de avanzada, se debe cuidar que contenga principios clave como la no privatización de servicios públicos y candados que impidan privatizaciones del conjunto de servicios públicos.
De igual forma, la Carta Magna de la ciudad debe procurar el desarrollo urbano equitativo, incluyente, el derecho a la ciudad, el derecho a la consulta ciudadana sobre grandes proyectos de desarrollo urbano, así como garantizar el acceso al suelo urbano a todas las clases sociales.
También debe estipular que el acceso al agua es un derecho humano y establecer mecanismos para no privatizarla. Otro tema nodal es la protección del espacio público, su no privatización y la libertad plena de su uso por parte de toda la ciudadanía. Y también debe sancionar toda forma de criminalización de la protesta social.
Debe asegurar la mención explícita de los derechos sociales universales ya existentes y ganados en la ciudad como la pensión de adultos mayores, la beca Prepa Sí, la beca de discapacidad, uniformes y útiles escolares, la atención médica y los medicamentos gratuitos, el seguro del desempleo, los comedores, el mejoramiento barrial, el programa de unidades habitacionales, el seguro e educación garantizada, los desayunos escolares, las becas para menores en riesgo de vulnerabilidad social. De igual forma, debe instaurarse el Tribunal Constitucional y Social para la garantía de los derechos sociales.
Debe haber un presupuesto progresivo para educación media superior y superior hasta lograr la meta de cero rechazados, y el respeto a la autonomía de la UACM.
Se debe tipificar el delito de represión; debe incluirse la revocación de mandato de los gobernantes. Establecer diálogo directo entre legisladores y el titular del legislativo. Someter a referéndum la Constitución.
Asimismo, incorporar el voto por voto y casilla por casilla a la Constitución. La no reelección de los presidentes de los tribunales, la penalización de la compra del voto con programas públicos.
Deben estar contemplados los derechos de los pueblos originarios e indígenas residentes, los derechos de la diversidad sexual, los de la equidad de género, los derechos culturales, y la autonomía de pueblos originarios.
Se debe establecer el poder ciudadano anticorrupción, la austeridad republicana en la administración pública y en los otros poderes y órganos autónomos, así como la extinción de dominio de bienes obtenidos con dinero derivado del saqueo del erario y del patrimonio público.
Sin estos puntos de muy poco va a servir la Constitución y su relevancia para el progreso de la capital será nula.