El manejo sostenible y responsable de las finanzas públicas del país, constituye uno de los pilares para la estabilidad macroeconómica del país y tiene el propósito de coadyuvar en la generación de condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo, en beneficio de todos los mexicanos.

Ante el panorama nacional actual resulta necesario implementar medidas pertinentes y oportunas para garantizar la disciplina financiera de los gobiernos estatales y municipales, con criterios y reglas que aseguren una gestión responsable y equilibrada de sus haciendas.

En este contexto, la aprobación por el Senado de la República de la Ley de Disciplina Financiera para Estados y Municipios, que modifica artículos de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Deuda y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, es de la mayor relevancia para la economía, el desarrollo nacional y el bienestar de la población.

La Ley de Disciplina Financiera tiene como propósito toral ordenar el endeudamiento de los gobiernos estatales y municipales cuya contratación, en algunos casos, no ha sido con fines claros ni transparentes.

Entre las principales virtudes de esta legislación secundaria, cabe destacar que garantiza estabilidad a las finanzas públicas, al sistema financiero y a la economía; incorpora definiciones claras de la deuda pública, las obligaciones y la inversión pública productiva, enfatizando que el destino del endeudamiento público deberá canalizarse preferentemente a la inversión pública productiva; y limita el gasto para servicios personales.

También, crea un sistema de alertas sobre el manejo de deuda pública y un Registro Público Único de Deuda donde se inscribirán los empréstitos locales; fija sanciones a los servidores públicos que incurran en un manejo irresponsable de los recursos y de la deuda pública; y principalmente establece reglas claras en materia de transparencia y rendición de cuentas.

En materia de deuda, se establecen lineamientos estrictos para evitar que los entes públicos locales, contraten financiamientos u obligaciones que atenten contra las finanzas, mediante la participación activa de los congresos estatales.

De esta manera, se va a garantizar la adquisición de deuda únicamente en casos de necesidad extrema y bajo las mejores condiciones de mercado. La nueva ley no permitirá más prácticas irresponsables de gobierno, de ninguna entidad federativa.

Sin lugar a dudas, la ley redituará en un mayor control de recursos públicos en el ámbito local y con el debido respeto a toda la ciudadanía en el uso y en el manejo de los recursos públicos, con lo que fortalece la rendición de cuentas y la transparencia.

Los gobiernos federal, estatales y municipales, así como el Congreso de la Unión, debemos asumir con compromiso, seriedad y responsabilidad la atención de este tema fundamental y dar un seguimiento permanente del mismo, con el objetivo de que su eficaz y oportuna implementación permita continuar fortaleciendo la estabilidad macroeconómica del país que se vea reflejado en el mejoramiento del bienestar sistemático de las familias mexicanas.

*Senadora de la República
Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
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