Las llamadas reformas estructurales han provocado que emerja con fuerza el tema del salario nuevamente. Y es que las reformas aprobadas a lo largo del último año y medio han contribuido directamente al deterioro del salario y de la capacidad económica de los trabajadores.

La reforma laboral estableció la posibilidad del pago por hora y legalizó la subcontratación, facilitó el despido y alentó la contratación efímera y sin derechos para los jóvenes. La reforma educativa se hizo para facilitar el despido de los maestros y debilitar sus derechos laborales.

La reforma fiscal castiga al pequeño empresario y al empresario que otorga prestaciones a sus trabajadores. Y la reforma energética, por su cuenta, permite que las grandes empresas extranjeras no paguen utilidades a sus trabajadores y sienta las bases para el despido masivo de empleados de Pemex y la CFE, así como la contratación de trabajadores con bajos salarios por las empresas privadas que incursionen en el sector energético. Las reformas estructurales, en resumen, son un atentado contra el salario del trabajador.

Pero esto no es algo nuevo, llevamos ya 32 años de disminución salarial. Hoy en día, el salario mínimo ha perdido 79% del poder adquisitivo que tenía en 1976. Eso quiere decir que si el salario mínimo se hubiera quedado en el nivel en el que estaba en ese año, hoy sería de 10 mil pesos.

La disminución real del salario mínimo no es resultado del libre juego de las fuerzas del mercado, sino de la decisión política de contenerlo y disminuirlo. Por un lado, se aprobaron numerosas reformas estructurales a los largo de estos 32 años que vulneraron el salario.

Por otro lado, los gobiernos del PRI y el PAN decidieron contener por decreto el monto del salario mínimo por debajo del índice inflacionario. Es decir, que si los precios subían diez puntos al año, los salarios sólo incrementaban cinco puntos por decreto de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

Esto quiere decir que el ingreso de las familias se ha deteriorado debido al dogmatismo, al capricho, en la aplicación de las políticas neoliberales por parte de los economistas del PRI y el PAN que no sólo se han opuesto al incremento salarial, sino a la aplicación universal de programas sociales para reforzar el ingreso de la gente, como la pensión para adultos mayores implementada por Andrés Manuel López Obrador durante su gestión al frente del gobierno del DF.

Durante más de tres décadas, los neoliberales han dicho que un aumento al salario mínimo resultaría inflacionario. Sin embargo, en este lapso no han logrado contener la carestía.

Para subir el salario hay que cambiar de gobierno y de modelo económico.