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Hacia una Fiscalía General de la República

Jue, 17/11/2016 - 09:02

El pasado 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política-electoral.

Especial atención merece la creación de la Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya entrada en vigor será una vez que el Congreso haga la declaratoria expresa y haya expedido la Ley en la materia. 

Así llegamos al punto que detona esta reflexión: ¿Qué tipo de Fiscalía requiere México? Su diseño institucional será exclusivo de legisladores, expertos y académicos o ¿Será un ente público cuya legitimidad y voto de confianza resida en la participación amplia y plural de la sociedad? 

Por lo pronto, basta decir que en la experiencia internacional muchos actores participan en el diseño de la política criminal de Estado y generan diagnósticos interdisciplinarios con grupos de expertos e instituciones externas al gobierno, así ha ocurrido en algunos países de la región como Guatemala, Colombia y Chile.

Los mexicanos tenemos la oportunidad de participar en el diseño de la política criminal que satisfaga las crecientes necesidades de justicia y seguridad de la población en un Estado Constitucional Democrático, con enfoque transversal de los derechos humanos y con una efectiva atención a víctimas; ambos ejes esenciales para el combate de la criminalidad y la impunidad.

Afortunadamente, ya contamos con amplios y serios diagnósticos sobre las patologías sociales que más afectan a nuestro país, entre ellas, la ausencia de valores, el déficit de cultura de la legalidad, el incremento del hacinamiento en las ciudades y la desigualdad. Estos factores nos evitarán caer en acciones que desestiman las particularidades regionales que demandan intervenciones diferenciadas.

Por el contrario, hay consensos en diversos círculos de debate sobre puntos ineludibles a observar por la nueva Fiscalía, como: dignidad de la persona, estabilidad de la democracia, política de prevención, intervención mínima, no re-victimización, uso racionalizado de la pena de prisión, enfoque sistémico entre justicia y seguridad, sensibilización sobre la actuación con poblaciones vulnerables, homologación y profesionalización de los servicios previos al juicio, crear un servicio profesional de carrera y, sin duda, incrementar la participación de testigos y víctimas en la persecución de los delitos.

*Senadora de la República

Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

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