La Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores es un emblema de la Ciudad de México. Implementada por Andrés Manuel López Obrador constituyó un parteaguas a nivel nacional. Logró poner en el centro del debate a las personas adultas mayores y puso en entredicho los mitos del neoliberalismo respecto a los derechos sociales.

Así, mientras en el gobierno federal el debate era sobre la forma en que el Estado debía quitarse la responsabilidad de las pensiones, en la capital la discusión era la forma en la que el Estado asumía la responsabilidad del bienestar social para garantizar paz y gobernabilidad.

Pese a enfrentar descalificaciones incitadas desde el gobierno foxista, la medida de López Obrador ganó el debate y obligó a que el gobierno federal aplicara una medida similar, aunque limitada en cuanto a montos y cobertura.

Con el paso del tiempo y luego de la implementación de contrarreformas que han quitado derechos a las personas, la pensión para adultos mayores ha incrementado su relevancia. Ahora son más capitalinos quienes pese a desarrollar una vida productiva plena, al llegar a la edad adulta no tendrán derecho a recibir una jubilación y su único ingreso será este derecho instituido por ley en 2003.

No obstante, cuando más necesario se hace este ingreso, desde el propio gobierno se desalienta su ejercicio. De acuerdo con el Artículo 1 de la “Ley que Establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores”, las personas mayores de la capital “tienen derecho a recibir una pensión diaria no menor a la mitad de una Unidad de Cuenta de la Ciudad de México Vigente”.

De acuerdo con el ordenamiento, el Jefe de Gobierno debe diseñar un proyecto de presupuesto que garantice éste derecho a “todos los adultos mayores de 68 años residentes en el Distrito Federal”. Mientras que la Asamblea Legislativa tiene la obligación de aprobar “el monto suficiente” para hacer efectivo el derecho.

Sin embargo, en este sexenio se ha presentado el fenómeno de la “lista de espera” para que las personas accedan a esta pensión. Así, los adultos mayores de la capital tienen que esperar años para lograr el beneficio. Dramáticamente, deben esperar a que alguien muera o sea dado de baja del programa por diversos pretextos para ocupar su lugar.

Esto no se debe para nada a que no haya recursos suficientes para cumplir con la ley, sino porque desde las instituciones se sabotea a la pensión.

En las Reglas de Operación para este programa durante el 2018, se dice que la meta fijada es “beneficiar anualmente mediante una pensión alimentaria mensual no contributiva a por lo menos el 76% de la población de adultos mayores de 68 años residentes en la Ciudad de México”. Con ese porcentaje, en realidad no crece el número de adultos mayores beneficiados, sino que se estanca.

Del año 2001, en que fue creada como programa social al 2006, último año de la gestión de López Obrador como Jefe de Gobierno, la pensión pasó de beneficiar a 250 mil personas en el primer año, a alcanzar a 390 mil. Y de ésta última fecha a 2011, llegó a la cifra de 480 mil derechohabientes. De 2011 a 2014, no aumentó el alcance de la pensión, no se tomó en cuenta el crecimiento de la población adulta mayor, debido al ensanchamiento de la parte alta de la pirámide poblacional.

Esto quiere decir que el gobierno de la Ciudad tomó la decisión arbitraria, ilegal e inhumana de mantener fijo el número de beneficiarios. Así nació la llamada ‘lista de espera’ en la que se encuentran adultos mayores que tienen derecho al apoyo, pero que deben esperar uno, dos o tres años para ser incorporados al programa.

Se trata de una falta grave desde lo jurídico, porque los gobernantes son los primeros obligados a cumplir con la ley y, desde lo ético, porque se está jugando con los derechos de las personas y con su calidad de vida. Esto es un ejemplo de las muchas cosas que deben cambiar en la ciudad.