Familiares y amigos exigen justicia para joven animalista que quedó postrado por balazo de policía

IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO.- A dos años de que una bala, disparada por un policía municipal, dejará postrado a un universitario animalista, su familia apenas recibió la notificación formal de que no hubo responsabilidad del uniformado que disparó.

La noche del 27 de febrero de 2020, Alfredo Antonio, Toñito, regresaba del plantel Amecameca de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), donde estudiaba Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Al bajar del transporte en Los Reyes Acaquilpan, Toñito –entonces de 20 años-, quedó en medio de una persecución que policías municipales de Ixtapaluca hacían contra ladrones.

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Pese a que era un lugar público y los ladrones ya habían sido sometidos, el agente Luis Alberto accionó su arma e impactó la nuca de Toñito, el proyectil se alojó detrás de su ojo izquierdo, truncándole la vida para siempre.

Aunque el agente fue detenido, salió en libertad horas después, mientras el joven se debatía entre la vida y la muerte. Desde entonces ni la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas mexiquense (CEAVEM) ni la Alcaldía consideraron como víctima “colateral” a Toñito, pese a que perdió el 90 por ciento de sus capacidades.

“(Las autoridades) han corrompido todos los esquemas jurídicos, tal es el caso que dos años después de tomar una determinación, hasta el día de hoy, van elaborando una notificación personal del no ejercicio de la acción penal”, explicó el abogado Oscar Marín.

“Dos años que nos detuvieron porque en esos dos años no pudimos meter las manos, jurídicamente, para contrarrestar esto, porque no había una notificación, a pesar de que ha habido mil abusos e informalidades y violaciones (…) ya tenemos un documento que podemos impugnar”.

Este mediodía, familiares y amigos de Toñito protestaron en el Centro de Justicia de Ayotla, donde denunciaron que los policías habrían robado la mochila de Toñito con su laptop, celular, cartera y otras pertenencias.

“El juez ya dio la orden que se reabra la carpeta porque la cerraron y pusieron a mi hermano como daño colateral y no le dieron ninguna atención, dieron carpetazo y hasta el día de hoy le están notificando a mi mamá”, contó Guadalupe, hermana de Toñito.

“Todavía de que lo lastiman, le roban sus cosas, el venía de la universidad, traía sus libros, su computadora y su teléfono, la carpeta se cerró a los dos días, nos han dicho que solamente vale 260 mil pesos, que es lo que vale un cuerpo”.

Toñito quería ser veterinario para salvar animales, combinaba sus estudios con sus otras pasiones, como locutor de una radio en Neza y como voluntario en asilos los fines de semana.

Por la pandemia de Covid-19, Toñito tuvo que culminar su recuperación en casa, donde los gastos desbordan a su familia, pues su seguro facultativo como estudiante de la UAEM fue cancelado.

Las trabas legales en las investigaciones hacen sospechar a los familiares que las autoridades buscan encubrir al policía involucrado, violando con ello los derechos humanos del afectado y su familia.

“Toñito quedó en estado de interdicción con una afectación del 90 por ciento de las funciones de su cuerpo, llevamos dos años y hasta el día de hoy ninguna autoridad se ha sensibilizado para decir las necesidades que tiene Toñito, a pesar de que se las hemos presentado y en todos han argumentado que no tiene responsabilidad”, reiteró el abogado de la familia.

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(Fotos: Ignacio Ramírez, El Gráfico / Especial)