Policía acuchilla a comerciante que defendía su mercancía

Iñigo Arredondo

HUMBERTO Vázquez Quintanilla tiene una cicatriz que va desde la vena yugular, en el cuello, hasta el músculo trapecio, arriba del hombro. Se la hicieron unos policías con un cuchillo o navaja cuando intentó defender su mercancía y a su esposa embarazada, Ana Patricia Moreno, quien había sido golpeada en el rostro y pateada junto con su hijo de seis años, en un operativo de granaderos en la calle Apartado, en La Lagunilla, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Ese mismo día, 12 de agosto de 2016, fueron golpeadas otras comerciantes. Guadalupe Montes explica que estaban vendiendo y los policías llegaron arrebatando la mercancía. “Preguntamos por qué y nos dijeron que porque no habíamos dado el dinero que les teníamos que dar y defendimos mucho la mercancía”. 

HABITUAL

De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDH), este tipo de maltratos es algo habitual para el trabajo informal en espacios públicos. De enero de 2013 hasta agosto de 2014, recibieron 333 denuncias por detenciones arbitrarias, retiro de puesto con violencia y sin reubicación, robo de mercancía, cobro de tarifas por trabajar, agresiones físicas y sicológicas. 

Esta cifra no es el total de agresiones pues no todas son denunciadas por miedo a represalias; expertos estiman que en la CDMX hay poco más de 2 millones de ambulantes. El informe “El trabajo informal en el espacio público de la CDMX. Un análisis desde la perspectiva de derechos humanos”, aún sin publicar, expone los problemas que hay por falta de regulación en la capital del país.

EXTORSIÓN Y LESIONES

La CDH entrevistó a 43 personas para profundizar en dichas circunstancias. Documentó casos en que funcionarios públicos exigieron entre 12 y 40 mil pesos para obtener un permiso, incluso, para evitar el decomiso de sus productos.

Se detalla que tienen 60 quejas de agresiones físicas en contra de los trabajadores informales, como es el caso de dos policías auxiliares que vaciaron sobre una vendedora de elotes y sus dos hijos, de 17 y 16 años, una de las ollas con agua caliente y, a pesar de las quemaduras, la comerciante y sus hijos, fueron detenidos sin recibir atención médica.