Por dictamen, cobradores manchados podrán ir al bote

Por Juan Arvizu y Alberto Morales

Por unanimidad, el Senado aprobó castigar hasta con 12 años de prisión y multas de hasta 300 mil pesos a quien lleve a cabo actividades de cobranza con agresiones, amenazas o intimidaciones, o que se hagan pasar por autoridad judicial.

En el dictamen, establece que se castigará de uno a cuatro años de prisión a quien lleve a cabo la actividad denominada “cobranza extrajudicial ilegal”, es decir, por medio de la violencia, intimidación, ya sea personalmente o por otro medio, para requerir el pago de una deuda de las actividades reguladas en las leyes federales. 

No obstante, se considerará como agravante y la pena aumentará dos años más y la sanción económica ascenderá a 450 mil pesos, cuando se utilicen documentos o sellos falsos para tales fines. 

También es una agravante si la persona que realice esta cobranza extrajudicial ilegal, incurra en el delito de usurpación de funciones o de profesión, que es sancionado con uno a seis años de prisión. 

En entrevista, el senador Jesús Casillas (PRI) dijo que la iniciativa resuelve un vacío que había en las leyes para sancionar este tipo de conductas. 

“En México tenemos 50 millones ciudadanos con algún crédito bancario, hipotecario, de automóviles y de acuerdo con la Condusef el 10%, unos cinco millones, se encuentra en moratoria y puede ser susceptible a este tipo de acciones ilegales, abusivas, incorrectas y que hoy se van a castigar a través de este cambio al Código Penal”.

Expresó que hay casos de ciudadanos que se quejan que personas han llegado a sus viviendas ostentándose como “policías judiciales” que dicen que tuvieron que hacer válido un crédito pendiente y si no lo pagan los van a arrestar o detener, cuando es falso.

“Los integrantes de una familia son víctimas de presión, hostigamiento y violencia verbal a la que son sometidos y ha habido casos en que es tanta la presión, que muchas personas han llegado, incluso, hasta el suicidio”.