Las personas que ofrecen viviendas en renta en la Ciudad de México podrían solicitar autorización para establecer aumentos superiores a la inflación cuando acrediten mejoras sustantivas al inmueble, de acuerdo con la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles que entregó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al Congreso de la capital.
En el artículo 17 de la propuesta incluye, entre los derechos de los arrendadores, acudir a lo que sería la Defensoría de las Relaciones Inquilinarias para pedir la autorización, como una excepción al límite de incremento anual previsto en el documento.
Esta disposición plantea que el incremento por mejoras esté sujeto a la autorización de la Defensoría, organismo que la iniciativa propone crear como una unidad administrativa adscrita a la Procuraduría Social.
En los artículos 18 y 19 se establece que el aumento anual de la renta no deberá superar la inflación reportada por el Inegi durante el año anterior, independientemente de que cambie la arrendataria.
Por ejemplo, para quienes establezcan estos aumentos, la multa propuesta es de 100 a 400 veces la Unidades de Medida y Actualización vigente. Hoy la máxima sería de 46 mil 924 pesos.
Otros derechos que reconocerán son recibir el pago de la renta en tiempo y forma convenidos, así como ser informados de cualquier circunstancia que perturbe el uso del inmueble.