A nueve años de los sismos de septiembre de 2017, los alumnos de la Escuela Secundaria 253 ‘José Natividad Macías’, ubicada en la colonia Constitución de 1917 de la alcaldía Iztapalapa, continúan sin regresar a su plantel debido a un juicio de amparo promovido por padres de familia que temen por la seguridad estructural del inmueble. Al respecto, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) afirmó que la estructura fue rehabilitada y existen dictámenes elaborados por Directores Responsables de Obra (DRO) que establecen que el riesgo que presentaba el inmueble fue mitigado.
Mientras el litigio continúa, los estudiantes reciben clases a 1.9 kilómetros de su secundaria, en las instalaciones provisionales de la Escuela Primaria Vicentina, en la colonia Leyes de Reforma 1a Sección —a un costado de la UAM Iztapalapa—, en donde fueron habilitados pequeños salones prefabricados de lámina y espacios al aire libre cubiertos con lonas y carpas.
Gloria Segura, representante de la organización Vecinos Unidos Constitución de 1917 —y quien en 2017 formaba parte del comité de padres de familia— explicó que después del sismo del 7 de septiembre de 2017 fue acordonado el edificio 2 de la secundaria, donde estaban los laboratorios, debido al riesgo de colapso.
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Relató que los estudiantes de segundo grado fueron evacuados de ese inmueble antes del sismo del 19 de septiembre, por lo que no se encontraban dentro cuando ocurrió el temblor. Posteriormente, se realizaron evaluaciones estructurales y, ante la intención de que los alumnos regresaran al edificio, un padre de familia —que es abogado— promovió un juicio de amparo para impedir que los menores fueran reingresados mientras no existiera certeza sobre la seguridad del inmueble.
La vecina sostiene que el proceso judicial derivó en una resolución que condicionó el regreso de los estudiantes a la demolición y reconstrucción del edificio afectado y que, hasta ahora, dicha resolución no se ha ejecutado en los términos que permitirían reabrir el plantel.
En entrevista, el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, explicó que el edificio afectado fue sometido a trabajos de reforzamiento estructural y que el Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México (ILIFE) fue el encargado de realizar la intervención; dijo que actualmente existen dictámenes elaborados por Directores Responsables de Obra que establecen que el riesgo que presentaba el inmueble fue mitigado y que, después de los trabajos de reforzamiento, la estructura cumple con las condiciones necesarias.
“Ya se mitigó el riesgo que tuvo y ya se hizo la obra de reforzamiento, y ya cumple. En teoría, ya podrían regresar, pero el juez y el padre de familia determinan que no lo ven seguro. Entonces se necesita todavía un peritaje, alguien, un tercero que entre a revisar si lo del DRO que hizo es correcto... El problema es el amparo, el tema legal que ha hecho que no entren los niños al plantel”, dijo.
La responsabilidad jurídica sobre la escuela, precisó, corresponde a la autoridad educativa federal, por lo que la Sobse permanece atenta a cualquier determinación judicial que pudiera ordenar una nueva intervención para garantizar la seguridad estructural, ya que “todos quisiéramos que los niños pudieran regresar a su plantel”.