La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, presentó este lunes durante la Conferencia del Pueblo, precedida por la presidenta Claudia Sheinbaum, una propuesta de reforma constitucional para modificar la elección judicial prevista originalmente para 2027. La iniciativa, que será enviada al Congreso este mismo día, contempla aplazar la jornada electoral al domingo 4 de junio de 2028, tanto en el ámbito federal como en el local.
De aprobarse la reforma, en la elección de 2028 se renovarán cuatro magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 463 magistraturas de Tribunales Colegiados de Circuito y 385 jueces de Distrito. A nivel estatal también se elegirán 424 magistraturas y 2 mil 831 jueces en 25 entidades del país. Las elecciones judiciales posteriores seguirían realizándose de manera concurrente con los procesos electorales ordinarios.
La propuesta también incluye la creación de una Comisión Coordinadora integrada por representantes de los comités de evaluación de los tres Poderes. Este órgano tendría la tarea de homologar criterios y metodologías para la revisión de perfiles, además de verificar que las personas aspirantes cumplan con los requisitos legales y aplicar evaluaciones unificadas, incluyendo exámenes de conocimientos.
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Otro de los cambios busca reducir el número de candidaturas para facilitar la votación. Los comités evaluarían conocimientos, trayectoria, competencias y buena fama pública de los aspirantes para seleccionar inicialmente a las cuatro personas mejor calificadas por cargo y especialidad. Posteriormente se realizaría una insaculación pública para definir únicamente dos candidaturas finales por puesto, respetando la paridad de género. Con ello, las candidaturas para la Suprema Corte pasarían de 81 a 54; las del Tribunal de Disciplina Judicial de 45 a 30; y las del Tribunal Electoral de 63 a 42.
La reforma también propone simplificar las boletas electorales para que cada ciudadano vote por un juez y un magistrado de cada especialidad entre las candidaturas postuladas por los tres Poderes. Además, las boletas distinguirían el origen de cada postulación e incluirían a jueces y magistrados en funciones que busquen reelegirse. Para hacer posible este esquema, el INE tendría que reorganizar los distritos judiciales necesarios.
Entre otros puntos, se plantea establecer capacitación permanente obligatoria para jueces y magistrados a través de programas coordinados entre el Tribunal de Disciplina Judicial y la Escuela Judicial. También se busca que los poderes judiciales locales adopten reglas similares a las federales en materia de evaluación, selección de candidaturas, insaculación y revisión del desempeño.
La iniciativa además permitiría que las elecciones judiciales y las ordinarias se realicen en la misma ubicación, aunque sin intervención de representantes de partidos políticos. El escrutinio y cómputo de votos se llevaría a cabo en las mismas casillas y el Senado adelantaría tres meses la emisión de la convocatoria electoral para dar más tiempo a la evaluación de perfiles.
Asimismo, la propuesta establece que cuando un juez o magistrado deje el cargo por renuncia, destitución o fallecimiento, la vacante permanecerá abierta hasta la siguiente elección judicial. Finalmente, se contempla la creación de dos secciones dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atender asuntos menores y agilizar el trabajo del Pleno.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que las cuentas del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fueron congeladas de manera preventiva por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) derivado de la orden de aprehensión en Estados Unidos contra diez personas, incluyendo la del funcionario. De acuerdo con la mandataria, esto responde a la relación que mantienen los bancos mexicanos con los estadounidenses, que de forma automática toman esta serie de medidas.
Minutos después de que se tocara el tema en la Conferencia del Pueblo, la Secretaría de Hacienda emitió un comunicado en el que señalan que "la UIF precisa que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo".
El pasado 29 de abril, Rocha Moya fue acusado por fiscales de Estados Unidos por vínculos con el crimen organizado, brindar protección y dar facilidades para el tráfico de drogas, además de posesión de armas.