Durante la conferencia del pueblo de este lunes 6 de abril, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, informó sobre la inversión en infraestructura educativa y los avances de los programas prioritarios del sector.
La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, señaló que para 2026 el programa La Escuela es Nuestra prevé una inversión de 25 mil millones de pesos para mejorar más de 75 mil 406 planteles de educación básica, media superior y superior.
También indicó que el programa ya cuenta con cobertura total en secundarias y nivel medio superior, según datos de la SEP, y que desde 2019 ha canalizado más de 142 mil millones de pesos directamente a las escuelas para mejorar sus condiciones.
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Por su parte, Mario Delgado aseguró que la inversión en infraestructura educativa durante los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación es mayor a la de administraciones anteriores. De acuerdo con cifras presentadas por la SEP, entre 2001 y 2018 se destinaron poco más de 304 mil millones de pesos, mientras que de 2018 a 2026 la cifra supera los 341 mil millones, en un periodo menor.
Además, informó que continúa el registro para el programa de bachillerato “Mi Derecho, Mi Lugar”, dirigido a estudiantes de la Zona Metropolitana del Valle de México, como parte de la estrategia para eliminar el examen de admisión y permitir el pase directo de secundaria a preparatoria, modelo que ya opera en 18 estados.
Las inscripciones continuarán hasta el próximo viernes 17 de abril, en el portal: miderechomilugar.gob.mx
En su intervención, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que la inversión educativa no solo se concentra en infraestructura. Añadió que se destinan mil 760 millones de pesos en becas para estudiantes, así como aumentos salariales y más plazas para docentes.
La mandataria rechazó el informe elaborado por un comité de expertos vinculado a la Organización de las Naciones Unidas sobre desapariciones en México. Señaló que no se trata de un órgano formal de la ONU y cuestionó que su análisis se base en casos registrados entre 2009 y 2017 en solo cuatro estados, cuyos resultados fueron proyectados a años recientes.
Además, consideró que el informe no se apega a la definición internacional de desaparición forzada, al no acreditar la participación directa del Estado con fines políticos.
También indicó que dependencias federales, como Relaciones Exteriores y Gobernación, entregaron información sobre las acciones realizadas desde 2019 en coordinación con colectivos de búsqueda, pero estos elementos no fueron considerados en el documento.
Sheinbaum reiteró que su gobierno mantiene el trabajo con familiares de personas desaparecidas y adelantó que las dependencias involucradas seguirán informando sobre los avances.