En México, la inversión pública en infraestructura ha sido históricamente baja respecto a metas y comparaciones internacionales; tradicionalmente, los proyectos del gobierno federal reportan sobrecostos y retrasos, lo que afecta al desarrollo económico y social del país, de acuerdo con expertos.
Estadísticas de las secretarías de Hacienda y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Petróleos Mexicanos (Pemex), gobiernos locales y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) muestran que diversos proyectos registraron desviaciones atribuibles a malos cálculos, ajustes de alcance y modificaciones durante su ejecución.
Uno de los casos más representativos es el recién abierto Tren Interurbano México-Toluca, cuyo costo original se estimó en 38 mil millones de pesos y su costo final oficial llegó a 141 mil millones.
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Lo anterior implica un sobrecosto de alrededor de cuatro veces el presupuesto inicial, equivalente a un incremento aproximado de 271%, por lo que desde 2018 dejó de ser rentable socialmente, según indican sus análisis de sensibilidad de sobrecostos.
“Las cifras reflejan una problemática estructural en la planeación y ejecución de infraestructura pública, donde los presupuestos iniciales suelen quedar rebasados de manera sistemática”, lamentó Edmundo Gamas, director del Instituto Mexicano para el Desarrollo de Infraestructura (Imexdi).
La falta de estudios técnicos sólidos, así como decisiones políticas que priorizan plazos sobre costos, terminan trasladando el impacto financiero al erario, reduciendo recursos disponibles para otros rubros clave del gasto público.
La problemática del Tren Interurbano obedeció a que su construcción inició sin proyecto ejecutivo en el sexenio del entonces presidente Enrique Peña, es decir, sin estudios de factibilidad legal.
Además, el proyecto comenzó sin haber adquirido 100% de su derecho de paso, afirmó Gamas.
Mientras tanto, el Tren Maya, uno de los proyectos emblemáticos, elevó su presupuesto de 120 mil millones a 550 mil millones de pesos.
En obras aún en proceso, el patrón se mantiene. El Puente Nichupté, en Quintana Roo, inició con una estimación de 5 mil 580 millones de pesos, y actualmente el gasto asciende a 9 mil 570 millones, lo que implica un incremento de alrededor de 71%. Algo similar ocurre con el Tren Suburbano al AIFA, cuyo presupuesto pasó de 13 mil millones a 21 mil 548 millones de pesos, un aumento cercano a 66% frente a lo inicialmente proyectado por autoridades.
Otra obra que tardó 15 años en materializarse es la autopista Barranca Larga-Ventanilla, la cual elevó su costo de 5 mil 300 millones a 13 mil millones de pesos, un incremento de aproximadamente 145%.
Por su parte, la refinería Olmeca, en Dos Bocas, cuyas cifras están expresadas en millones de dólares, pasó de una estimación inicial de 8 mil millones a un costo reconocido de 21 mil millones, es decir, 2.6 veces más.
Finalmente, incluso proyectos de menor escala muestran desviaciones relevantes. Por ejemplo, el Archivo General Agrario, ubicado en el Centro de la Ciudad de México, pasó de un costo original de mil millones de pesos a 2 mil 600 millones, lo que implicó un incremento de 160%.
En otros sexenios, uno más emblemático es el monumento de la Estela de Luz, en el gobierno de Felipe Calderón, pues pasó de 398 millones de pesos a mil 304 millones, un sobrecosto de 3.3 veces respecto a lo previsto.
En tanto, el Paso Exprés de Cuernavaca duplicó su presupuesto, al pasar de mil 50 millones a 2 mil 200 millones de pesos, un aumento de poco más de 110%, y dos meses después de ser inaugurado se abrió un socavón que provocó dos fallecimientos.
Sin embargo, el sobrecosto se repite en otras obras de gran calado. El Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), cancelado en 2019, pasó de un costo estimado de 129 mil millones de pesos a 285 mil millones.